Una grave denuncia pone en entredicho el respeto por la justicia constitucional en Cartagena de Indias. A más de tres años de emitido un fallo de tutela, la Alcaldía de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía no ha cumplido con la orden judicial que la obligaba a vincular a la ciudadana Nurislex de la Rosa Flórez al proceso policivo relacionado con unos predios ubicados en el kilómetro 14 de la vía a Mamonal, vulnerando con ello los derechos fundamentales de esta madre y de sus tres hijos menores.
El fallo, emitido el 22 de agosto de 2022, ordenaba a la administración local tutelar los derechos al debido proceso y a la defensa de De la Rosa, quien actúa como agente oficioso de sus tres hijos y le otorgaba a la entidad un plazo máximo de 48 horas para vincularla formalmente al proceso. Sin embargo, esa orden nunca fue ejecutada.
Expertos en derecho constitucional consultados señalan que el incumplimiento de una orden judicial de tutela constituye desacato, una falta grave que puede acarrear sanciones disciplinarias, multas económicas e incluso arresto para los funcionarios responsables.
“Estamos ante un claro desacato a la autoridad judicial, lo cual no solo agrava la vulneración de derechos fundamentales, sino que también compromete la responsabilidad personal del funcionario que debía cumplir la orden”, explicó un abogado constitucionalista.
Este incumplimiento prolongado mantiene a la familia en un estado de indefensión jurídica, sin la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa en un proceso que podría afectar su vivienda y su seguridad, lo que agrava el riesgo de violación de derechos de los menores de edad involucrados.
Nurislex de la Rosa asegura que, pese a los múltiples requerimientos realizados a la Alcaldía Local 3, no ha recibido respuesta ni ha sido vinculada al proceso policivo, lo que la deja a ella y a sus hijos fuera de cualquier instancia legal donde puedan defender sus derechos.
“Mis hijos tienen derecho a un techo y a ser escuchados, pero las autoridades han hecho caso omiso”, declaró De la Rosa, quien no descarta acudir a instancias nacionales e internacionales para exigir justicia.
Dado que toda sentencia de tutela es remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, el caso podría ser seleccionado para un pronunciamiento de fondo que siente precedente en materia de desacato y protección a la infancia.
De ser así, la Corte podría ordenar medidas más severas, incluyendo la apertura de procesos disciplinarios contra los funcionarios responsables e incluso requerir la intervención de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
La omisión prolongada por parte de la Alcaldía Local 3 de Cartagena de Indias no solo refleja un preocupante desacato a la justicia constitucional, sino que también deja en evidencia las fallas institucionales en la protección de los derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
A medida que el caso sigue sin resolverse, crece la presión sobre las autoridades locales, que ahora enfrentan posibles consecuencias legales y un creciente cuestionamiento ciudadano por su falta de cumplimiento frente a una orden judicial clara, precisa y vigente desde hace más de tres años.
