El presidente Gustavo Petro lanzó una crítica frontal y sin rodeos a la propuesta del alcalde Dumek Turbay de rehacer un parqueadero subterráneo en el norte de Cartagena, al considerar que se trata de una decisión que retrata un modelo de ciudad anclado en el privilegio y desconectado de la realidad social de la mayoría de los cartageneros.
Para el jefe de Estado, resulta inexplicable y éticamente cuestionable que se destinen recursos públicos a infraestructura pensada para el automóvil en una ciudad donde la mayoría de la población no tiene carro, mientras miles de familias sobreviven en condiciones de pobreza, informalidad y alta vulnerabilidad ambiental. La crítica no fue técnica: fue política y social. Petro puso sobre la mesa una pregunta incómoda que golpea el corazón del debate urbano en Cartagena: ¿para quién se gobierna la ciudad?
El mandatario fue enfático al señalar que Cartagena enfrenta una emergencia silenciosa, pero cada vez más visible: barrios populares enteros en riesgo inmediato de inundación por el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la crisis climática. Comunidades históricamente marginadas siguen viviendo con el agua a las puertas de sus casas, sin soluciones estructurales ni planes de reubicación digna.
En ese contexto, Petro advirtió que la verdadera prioridad urbana debería estar en otro lado: vivienda popular bien localizada, reubicación de comunidades en riesgo, restauración de manglares y ecosistemas costeros, siembra masiva de árboles para mitigar el calor extremo y espacio público pensado para la vida, no para el carro.
“No se puede seguir invirtiendo en infraestructura para unos pocos, mientras los barrios pobres siguen expuestos al agua, al abandono y a la exclusión”, fue el mensaje que sintetizó su postura y que resonó como una acusación directa al orden de prioridades del gobierno local.
Petro enmarcó la polémica en una crítica más profunda al modelo de urbanismo que, según él, ha dominado durante décadas en varias ciudades del país: un urbanismo del concreto, del negocio con lo público y de la rentabilidad privada, que se disfraza de modernización pero termina profundizando la desigualdad y la segregación urbana.
El presidente advirtió que insistir en este tipo de proyectos no solo desconoce la realidad social de Cartagena, sino que también retrasa su adaptación al cambio climático, en una ciudad costera que debería estar liderando políticas de resiliencia y justicia ambiental, y no apostándole a obras que refuerzan un esquema urbano excluyente.
La controversia deja a Cartagena frente a una disyuntiva de fondo: seguir reproduciendo un modelo de ciudad pensada para el automóvil y el turismo de élite, o transitar hacia una ciudad humana, centrada en la vida cotidiana de sus habitantes, especialmente de quienes han sido empujados durante décadas a vivir en las zonas más frágiles y olvidadas.
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El mensaje del presidente es claro y deja poco margen a la ambigüedad: invertir en parqueaderos mientras los barrios se inundan no es desarrollo, es negación de la realidad. La pregunta ahora es si la administración distrital escuchará la advertencia o persistirá en un camino que, según el propio jefe de Estado, profundiza la desigualdad.
