Una tormenta institucional sacude a la Universidad de Cartagena tras la decisión del Ministerio de Educación Nacional de imponerle una multa de 85 millones de pesos, una sanción que cayó como gasolina sobre el fuego en un campus ya tensionado por la crisis financiera, el malestar laboral y el debate sobre la autonomía universitaria.
La medida provocó un rechazo inmediato y frontal por parte de la mayoría de los sindicatos con representación en el alma máter, al considerar que el castigo resulta desproporcionado, injusto y socialmente regresivo, al golpear directamente los escasos recursos económicos de una universidad pública que atiende a miles de estudiantes de bajos ingresos.
El origen del caso se remonta a 2022, cuando una estudiante denunció presunto acoso sexual por parte de su pareja sentimental, también estudiante de la institución. La situación fue asumida por la Oficina de Bienestar Universitario y derivó, en una primera decisión, en el retiro temporal del denunciado por un periodo de dos años.
Según la información disponible, el estudiante no apeló la sanción disciplinaria y posteriormente se retiró voluntariamente de la Universidad. No obstante, el Ministerio de Educación concluyó que la institución no actuó con la diligencia debida, criterio que sustentó la imposición de la sanción económica.
La decisión ministerial desató una rebelión sindical. Tres de los cinco sindicatos existentes —Sintraunal, Sintral UniCartagena y Asounicol— cuestionaron duramente la multa y advirtieron que esta castiga a la universidad por un conflicto entre particulares, pese a que, aseguran, la institución activó los protocolos internos y tomó medidas disciplinarias.
Los voceros sindicales alertaron que la sanción abre un precedente delicado para la autonomía universitaria y convierte a las universidades públicas en responsables económicos plenos de situaciones que, en esencia, se originan en relaciones personales entre estudiantes.
El conflicto trascendió rápidamente el ámbito local y se instaló en el debate nacional sobre violencia de género en las instituciones de educación superior, la efectividad de los protocolos existentes y los límites de la supervisión estatal frente al debido proceso.
Mientras tanto, el ambiente interno en UniCartagena permanece cargado y enrarecido. No se descartan nuevas acciones sindicales ni pronunciamientos colectivos en rechazo a una decisión que, según los trabajadores, termina castigando a quienes menos tienen.
Para Joel Terán y Janeth Puerta, representantes sindicales, la multa resulta especialmente grave porque esos recursos podrían dejar de destinarse a programas de gratuidad y bienestar, afectando directamente a estudiantes de escasos recursos que dependen del apoyo institucional para mantenerse en el sistema educativo.
“Lo que la Universidad de Cartagena necesita del Ministerio de Educación son aportes económicos y respaldo, no que se le quiten los pocos recursos de que dispone”, insistieron los voceros sindicales.
Desde la óptica de los sindicatos, la sanción del Ministerio de Educación no puede leerse al margen del contexto político interno que vive la Universidad de Cartagena, especialmente porque este año se llevará a cabo la elección de rector. Las organizaciones sindicales sostienen que la decisión adquiere un tinte político en la medida en que William Malkum cuenta con un amplio respaldo de estudiantes, docentes y trabajadores, apoyo que —según afirman— se explica por los resultados de su gestión administrativa, académica y financiera al frente del alma máter. En ese escenario, consideran que la multa impacta directamente el clima institucional y termina incidiendo en un proceso electoral universitario sensible, lo que ha despertado suspicacias y ha profundizado la lectura política del conflicto más allá de su dimensión administrativa o disciplinaria.
En medio de la controversia, también circularon versiones falsas en redes sociales y cadenas de mensajería. Es falso que William Malkum haya sido destituido como rector de la Universidad de Cartagena por delitos de corrupción.
Hasta el momento no existe ninguna decisión administrativa, judicial ni disciplinaria emitida por la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría que ordene su destitución. Tampoco la Universidad ha informado cambios en la rectoría ni procesos sancionatorios en curso contra el actual rector.
Las versiones sobre una supuesta destitución carecen de sustento oficial, constituyen desinformación y afectan la honra de las personas mencionadas.
