La demanda busca anular decisiones del Concejo y ya provocó los primeros movimientos dentro de la justicia. Expertos advierten posibles efectos políticos.
Un inesperado giro judicial sacude a Cartagena. El proceso que pretende anular dos acuerdos del Concejo Distrital quedó en el limbo luego de que dos jueces administrativos se declararan impedidos por vínculos familiares con abogados involucrados en el caso, encendiendo las alarmas sobre la transparencia y el avance del expediente.
La demanda fue presentada por docente y empresario Uriel Alfonso De Arco Paternina, con el respaldo como coadyuvante de Valentín García Grey, y busca la nulidad de los acuerdos 147 del 9 de agosto de 2024 y 160 del 11 de diciembre de 2024, decisiones administrativas de alto impacto para la ciudad.
- El primer impedimento: la hermana de la jueza es abogada en el proceso
La controversia comenzó cuando la Juez Sexta Administrativa de Cartagena, Laura Arnedo Jiménez, se apartó del caso tras revelar que la apoderada del coadyuvante —la abogada Yina Paola Arnedo Oviedo— es su hermana.
La ley es clara: ningún juez puede conocer un proceso donde un familiar cercano actúe como representante de alguna de las partes. La medida busca proteger la imparcialidad judicial y evitar cualquier sombra de conflicto de interés.
- El nuevo juez también tuvo que apartarse
El expediente pasó entonces al Juzgado Séptimo Administrativo, pero la sorpresa fue mayor cuando su titular, Alfredo de Jesús Moreno Díaz, también se declaró impedido. ¿La razón? El abogado que representa al Distrito de Cartagena, Néstor David Osorio Moreno, es su primo hermano, un parentesco que configura otra causal legal de recusación. En términos prácticos, el proceso quedó nuevamente sin juez.
- ¿Qué está en juego?
La demanda busca borrar del orden jurídico dos acuerdos del Concejo, lo que podría generar efectos administrativos y políticos relevantes dependiendo de su alcance. El caso ya había superado etapas clave:
- La demanda fue admitida tras ser corregida.
- El Distrito contestó formalmente.
- Se solicitó una medida cautelar.
- El proceso estaba cerca de definir si habría sentencia anticipada o audiencia inicial.
Ahora, el trámite vuelve a retrasarse.
El Juzgado Séptimo ordenó remitir el expediente al Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, que deberá decidir si acepta el nuevo impedimento y asumir —o no— el caso. Mientras tanto, el reloj judicial sigue corriendo y el proceso entra en una zona de incertidumbre.
Aunque los impedimentos son mecanismos legales para garantizar procesos limpios, que dos jueces consecutivos se aparten por vínculos familiares no pasa desapercibido en una ciudad donde las decisiones administrativas suelen tener alto voltaje político. La pregunta que comienza a rondar en los círculos jurídicos es inevitable: ¿Retraso normal del sistema o síntoma de las complejas redes de poder locales?
Por ahora, lo único claro es que la batalla jurídica apenas comienza —y podría convertirse en uno de los procesos más sensibles para el futuro administrativo de Cartagena.
