El máximo órgano académico rechazó decisiones del Gobierno Nacional, pidió respeto por la autonomía universitaria y expresó solidaridad con sus directivos en medio de una creciente tensión institucional.
La Universidad de Cartagena entró en un nuevo foco de tensión institucional luego de que su Consejo Académico emitiera un contundente comunicado en el que rechaza decisiones del Ministerio de Educación Nacional, asegurando que estas vulneran normas internas, el debido proceso y afectan el buen nombre de la institución.
Durante la primera sesión ordinaria de 2026, el órgano académico analizó las determinaciones del Ministerio y sus repercusiones directas en la vida universitaria, así como en el rector y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas.
En el pronunciamiento, la Universidad se definió como un “espacio de transformación social del Caribe colombiano” y reiteró su carácter de entidad pública autónoma que respeta la Constitución y la ley. Sin embargo, advirtió que las recientes actuaciones externas generan un impacto negativo en la estabilidad institucional.
El Consejo Académico también subrayó que la institución promueve la pluralidad humana —incluyendo manifestaciones culturales, políticas, sociales y de género— y garantiza el derecho a la defensa mediante actuaciones administrativas ajustadas a la legalidad.
- Rechazo frontal al Ministerio
Uno de los puntos más fuertes del comunicado fue el rechazo explícito a las decisiones del Ministerio de Educación. Según el documento, estas no solo desconocen las normas internas, sino que también golpean la reputación construida por la universidad durante décadas. Además, el Consejo expresó “solidaridad con nuestros compañeros directivos, quienes encarnan la autoridad institucional”, dejando entrever un respaldo cerrado a la actual administración.
El mensaje concluye con una invitación directa al Gobierno Nacional para que respete la autonomía universitaria y trabaje conjuntamente por la continuidad del servicio público de educación superior en el Caribe.
El pronunciamiento deja abierta la puerta a un posible choque entre el Ejecutivo y una de las universidades públicas más emblemáticas de la región, lo que podría escalar a un debate nacional sobre la independencia de las instituciones de educación superior.
