Ante la tibieza de algunas supervisiones y la liviandad de ciertos controles, tuvo que ser el mar —embravecido, implacable y sin compromisos— el que viniera a hacer la auditoría. Y la hizo. Sin actas, sin discursos y sin eufemismos. La hizo como solo el mar sabe hacerlo: llevándose las obras.
Lo ocurrido en Cartagena en los últimos días obliga a una reflexión incómoda, pero urgente, sobre cómo se están planeando, contratando, ejecutando y recibiendo algunas de las obras públicas más costosas y sensibles para la ciudad. El caso del embarcadero de Playa Blanca, Barú —inaugurado con bombos y platillos en octubre de 2025 y destruido por el oleaje tras los frentes fríos del 1 y 2 de febrero de 2026— no puede despacharse como un “evento natural imprevisible”. Tampoco como un accidente aislado. Es un síntoma.
Un síntoma grave de fallas estructurales en la planeación, en la selección de contratistas, en la interventoría y en el control político y técnico sobre el uso de los recursos públicos.
La obra, cuyo costo ronda los 6.000 millones de pesos, fue presentada como una solución moderna y ordenada para el acceso turístico a uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano. Hoy, apenas cinco meses después de haber sido recibida “a satisfacción”, yace destruida en el fondo del mar.
La pregunta es inevitable y contundente: ¿Cómo es posible que una infraestructura diseñada para operar en zona marítima no resista un fenómeno que, aunque fuerte, es habitual en esta época del año? Si una obra costera no soporta el comportamiento normal del mar Caribe durante la temporada de frentes fríos, el problema no es el mar. El problema es la obra.
Desde antes de su entrega, en la ciudad circulaban advertencias sobre presuntas inconsistencias en el proceso contractual: dudas sobre la experiencia específica del constructor en infraestructura marítima, cuestionamientos sobre la documentación presentada y serias inquietudes sobre la independencia de la interventoría. Hoy, con el embarcadero colapsado, esas alertas ya no suenan a rumor, sino a advertencia ignorada.
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Más aún cuando se ha señalado que la interventoría habría estado en manos de una persona con presuntos vínculos familiares con el contratista. De confirmarse, no estaríamos ante una simple falta administrativa, sino ante un grave conflicto de intereses que vacía de sentido el control técnico. La interventoría existe para vigilar al contratista, no para acompañarlo.
Pero Playa Blanca no es un caso aislado. Lo ocurrido en la Avenida Santander durante estos mismos días de fuerte oleaje plantea interrogantes aún mayores sobre la llamada Protección Costera, una obra que supera los 245.000 millones de pesos y que fue concebida, precisamente, para resistir al mar.
Aunque aún no hay informes oficiales concluyentes, a simple vista fue evidente el desplazamiento de rocas de los espolones y el riesgo real de que la vía quedara bajo el agua. La escena fue inquietante: una obra diseñada para proteger, puesta contra las cuerdas por el primer gran embate del fenómeno que debía soportar.
Si las piedras “nadan” mar adentro, la pregunta no es menor: ¿Se hicieron correctamente los estudios de suelos, los cálculos de energía del oleaje y los diseños técnicos? ¿O se subestimó la fuerza real del mar Caribe? Porque el mar, hay que decirlo, no está haciendo nada distinto a lo que ha hecho durante siglos.
Aquí no se trata de buscar culpables apresurados ni de lanzar condenas ligeras. Se trata de exigir explicaciones técnicas, informes públicos, auditorías independientes y responsabilidades claras. La ciudadanía tiene derecho a saber si estas obras fueron bien diseñadas, bien contratadas, bien ejecutadas y bien supervisadas.
También es legítimo preguntar si hubo advertencias técnicas que no se atendieron, si se desestimaron conceptos especializados y si en decisiones críticas primaron criterios distintos a los estrictamente técnicos. Porque cuando dos obras diferentes, en lugares distintos, fallan ante el mismo fenómeno natural en la misma semana, ya no parece casualidad. Parece patrón.
El alcalde Dumek Turbay, como máxima autoridad de la ciudad y responsable político de estas decisiones, tiene el deber de dar explicaciones detalladas, no generales. Cartagena no necesita comunicados tranquilizadores; necesita informes técnicos, transparencia y la intervención efectiva de los entes de control.
No se puede normalizar que obras recién inauguradas colapsen en cuestión de meses. No se puede aceptar que megaproyectos destinados a proteger a la ciudad la dejen al borde del colapso. Y, sobre todo, no se puede permitir que, si hubo negligencia o falta de transparencia, esta quede en la impunidad. Ni el embarcadero pasó la prueba ni la protección costera protegió.
El mar ya hizo su auditoría. Ahora les toca a las autoridades hacer la suya, antes de que el próximo frente frío —pronosticado para los días 6, 7 y 8 de febrero— vuelva a desnudar las mismas debilidades y a tragarse, literalmente, el dinero de los cartageneros.
