El colapso del embarcadero de Playa Blanca no solo dejó daños visibles: abrió una cadena de preguntas técnicas y contractuales que hoy sacuden a Cartagena.
La imagen de la estructura prácticamente destruida por el mar no representa únicamente pérdidas materiales; desató una tormenta de cuestionamientos que golpea de frente a la Secretaría de Infraestructura del Distrito. ¿Quién diseñó estas obras? ¿Bajo qué parámetros técnicos fueron calculadas? ¿Y quién responde ahora por los costos del desastre?
En este contexto, el ingeniero Álvaro González Álvarez, quien ha venido denunciando irregularidades en la administración del alcalde Dumek Turbay, elevó un derecho de petición contundente en el que exige la entrega íntegra y sin restricciones de los diseños de los embarcaderos de Cholón y Playa Blanca, adjudicados mediante la licitación LP-SID-005-2024, hoy bajo severo escrutinio técnico y ciudadano.
La solicitud no deja margen para evasivas. Se requieren las memorias de cálculo estructurales, geotécnicas y meteomarinas; planos detallados en formatos PDF y DWG; modelos computacionales originales; y todos los reportes técnicos que respaldaron unas estructuras que, frente a una prueba extrema del entorno marítimo, colapsaron.
Pero el debate se torna aún más delicado cuando el requerimiento cuestiona si el Consorcio Embarcaderos Cartagena y el Consorcio CC Interventorías guardaron silencio frente a los diseños entregados por la propia Secretaría de Infraestructura. El pliego contractual es claro: si no hubo objeciones técnicas dentro del plazo establecido, la responsabilidad por la estabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento de la obra recae plenamente en los responsables.
La pregunta que hoy resuena en la opinión pública es directa y contundente: ¿fueron diseñados estos embarcaderos para resistir el mar real del Caribe o simplemente para cumplir con un contrato en el papel?
El alcalde Dumek Turbay atribuyó el colapso a un “evento climático excepcional”. Sin embargo, el derecho de petición exige precisión técnica: ¿estaban las estructuras calculadas para soportar eventos meteomarinos extraordinarios, frentes fríos y oleajes atípicos? Y aún más importante: ¿la póliza contractual cubre efectivamente este tipo de fallas o el Distrito deberá asumir los costos con recursos públicos?
Según un documento conocido, la póliza menciona de manera genérica la “estabilidad y calidad de la obra”, pero no detalla con claridad los riesgos específicos amparados. De confirmarse ese vacío, las implicaciones podrían ser técnicas, contractuales y fiscales de gran alcance.
En complemento a esta solicitud, el ingeniero González exige además que se precise quién o quiénes asumirán las reparaciones en caso de que futuros eventos climáticos excepcionales vuelvan a destruir parcial o totalmente los embarcaderos de Cholón y Playa Blanca. Asimismo, solicita que se informe por cuánto tiempo y hasta qué monto económico los responsables estarían obligados a responder por dichos daños.
El mensaje final es claro: respuestas técnicas, completas y dentro de los plazos legales. De lo contrario, advierte, el siguiente escenario será el judicial. Mientras el mar ya demostró su fuerza, Cartagena espera que las autoridades demuestren la solidez de sus decisiones.
