El departamento de Sucre vuelve a encender las alarmas en materia de seguridad. Las cifras más recientes no dejan margen para la indiferencia: en febrero de 2026 se registraron 20 homicidios, frente a 11 en el mismo mes de 2025. El aumento del 81,8% no es una simple fluctuación estadística. Es una señal clara de deterioro en el orden público y una advertencia que exige respuestas inmediatas, decisiones firmes y una estrategia integral que vaya más allá de la reacción coyuntural.
La preocupación no radica únicamente en el aumento de las cifras, sino en la forma en que la violencia se está extendiendo por el territorio. Aunque Sincelejo vuelve a aparecer como epicentro, los homicidios también han ocurrido en municipios como Santiago de Tolú, Corozal, Toluviejo, Coveñas, Sincé, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Morroa, San Pedro y Sampués.
Esta dispersión geográfica sugiere que no se trata de hechos aislados ni de conflictos puntuales. Por el contrario, apunta a una dinámica criminal con capacidad de operar de manera simultánea en distintos puntos del departamento, lo que podría indicar la recomposición o el fortalecimiento de estructuras delictivas con alcance regional.
Uno de los rasgos más inquietantes del fenómeno es la repetición de la modalidad sicarial. En la mayoría de los casos, hombres armados ejecutaron ataques directos contra sus víctimas y huyeron rápidamente del lugar. Este patrón no es casual. El sicariato implica planificación, inteligencia previa y respaldo logístico. Cuando esta modalidad se convierte en predominante, el mensaje es preocupante: existen redes organizadas capaces de seleccionar objetivos y ejecutar acciones con precisión.
En algunos casos, las víctimas registraban antecedentes judiciales; en otros, eran ciudadanos sin historial conocido. Esta realidad abre dos escenarios igualmente preocupantes: ajustes de cuentas vinculados a economías ilegales o víctimas colaterales en disputas por el control territorial.
Sucre no es ajeno a las tensiones que generan rentas ilícitas como el microtráfico, la extorsión, el contrabando o ciertas economías informales ligadas a zonas costeras. Cuando estos mercados ilegales se transforman o entran en disputa, la violencia suele convertirse en el mecanismo de regulación.
- Sincelejo, bajo presión
La capital departamental merece un análisis particular. Barrios como Villa Katty, La Trinidad, Versalles, Camilo Torres y Pablo Sexto, además de zonas rurales cercanas, han sido escenario reciente de homicidios. La violencia, en este caso, no distingue entre el casco urbano y la periferia.
La pregunta que surge es inevitable: ¿existe una insuficiencia en la capacidad operativa de la Fuerza Pública o estamos ante una mutación del crimen que ha logrado adaptarse y evadir los controles institucionales?
Lo más probable es que ambos factores estén presentes. Mientras las organizaciones criminales evolucionan con rapidez, la respuesta estatal suele avanzar a un ritmo más lento.
Por eso, el desafío no puede limitarse a capturas puntuales. El verdadero reto es desarticular las estructuras completas que financian, coordinan y ordenan los crímenes. Para ello se requiere fortalecer la inteligencia preventiva y mejorar la articulación entre Policía, Fiscalía y autoridades territoriales.
- Municipios intermedios: un impacto social más profundo
En municipios como Corozal, Toluviejo, Sincé o Sampués, cada homicidio tiene un efecto social mucho más intenso. En comunidades donde todos se conocen, el miedo se propaga con rapidez. Cuando un crimen ocurre incluso en medio de un evento público, como sucedió recientemente en San Juan de Betulia, el mensaje que envían los delincuentes es claro: la violencia pierde el temor a la exposición y busca imponer control a través de la intimidación.
La expansión territorial de estos hechos también revela otra realidad: los grupos criminales suelen buscar espacios donde la presencia institucional es más débil o menos visible.
- Más allá de las cifras
Veinte homicidios en un mes no son solo expedientes judiciales ni números en una estadística oficial. Son familias fracturadas, proyectos de vida truncados y comunidades enteras que viven bajo la sombra del miedo.
Incluso cuando algunas víctimas puedan tener antecedentes, el Estado no puede permitir que la lógica del “ajuste de cuentas” normalice la muerte como mecanismo de regulación ilegal. El análisis, por tanto, debe ir más allá de la comparación anual. Existen factores estructurales que alimentan el problema: desempleo juvenil, expansión del microtráfico, debilidades en la judicialización efectiva y una presencia estatal limitada en sectores vulnerables.
El momento exige una estrategia que combine seguridad, prevención y desarrollo social:
- Inteligencia y judicialización estructural: no basta con capturar a los ejecutores; es imprescindible identificar y procesar a quienes financian y ordenan los crímenes.
- Intervención social focalizada: inversión en educación, oportunidades laborales para jóvenes y programas de prevención en barrios con mayor riesgo.
- Presencia institucional integral: la seguridad no se reduce al patrullaje; también implica cultura, deporte, formación y oportunidades reales.
- Transparencia y rendición de cuentas: las autoridades deben explicar con claridad los resultados, los avances y los ajustes necesarios en sus estrategias.
Un aumento del 81,8% en un solo mes no puede interpretarse como un fenómeno pasajero. Es una advertencia temprana de que algo no está funcionando o de que actores criminales están ganando espacio.
La responsabilidad es compartida:
del Gobierno nacional, en la definición de políticas de seguridad;
de la Gobernación, en la coordinación regional;
de las alcaldías, en la implementación territorial;
y de la ciudadanía, en la denuncia y el rechazo a la ilegalidad.
Sucre no puede acostumbrarse a la violencia ni resignarse a convivir con ella. El desafío inmediato es actuar con firmeza, pero también con inteligencia estratégica. Ignorar las señales de alerta hoy podría significar enfrentar un problema mucho más grave mañana.
