Colombia vuelve a mirarse en el espejo incómodo de sus propias contradicciones. Aún no se enfría el duelo por los uniformados caídos en Putumayo, y el país ya enfrenta otra escena que descoloca: en el Cauca, miembros de la Fuerza Pública son rodeados, agredidos y humillados por civiles. No es solo indignante; es profundamente revelador.
Porque lo ocurrido no puede despacharse como un episodio aislado ni como un simple estallido de ira colectiva. Es, más bien, la expresión de una fractura mucho más honda: la erosión progresiva de la legitimidad del Estado en territorios donde la ilegalidad ha echado raíces durante décadas. Que la destrucción de un laboratorio de drogas —una acción legítima del Ejército Nacional de Colombia— termine provocando la reacción violenta de una comunidad debería encender todas las alarmas.
Aquí no solo hay ausencia estatal; hay algo más preocupante: una inversión de valores. En ciertos contextos, lo ilegal ha dejado de percibirse como problema para convertirse en sustento, y lo institucional empieza a verse como amenaza. Esa distorsión no surge de la nada. Es el resultado de años de abandono, de economías ilícitas que suplen lo que el Estado no provee, y de una presencia institucional intermitente, muchas veces más coercitiva que transformadora.
Pero entender las causas no puede llevar a justificar las consecuencias. Que existan deudas históricas con el Cauca no legitima que se agreda a quienes representan el orden constitucional. Defender economías ilegales, aunque estas garanticen la subsistencia inmediata, perpetúa un círculo de dependencia, violencia y atraso del que la región no logra salir.
Lo más inquietante es que el Estado parece moverse en una ambigüedad peligrosa. Por un lado, interviene —como debe hacerlo— contra estructuras ilegales; por otro, no logra consolidar una autoridad que sea respetada ni respaldada de manera contundente. Cada agresión sin consecuencias claras erosiona aún más la ya frágil línea que separa la legalidad de la anomia.
El contraste con Putumayo es inevitable y, sobre todo, incómodo. Allí, uniformados mueren cumpliendo su deber. En el Cauca, otros son atacados por ejercerlo. Dos realidades que conviven en un mismo país y que evidencian una pregunta de fondo: ¿qué tanto valora Colombia a quienes sostienen su institucionalidad?
El Cauca necesita inversión social, sin duda. Necesita oportunidades, presencia integral y soluciones estructurales. Pero también necesita algo que hoy parece diluirse: autoridad legítima, coherente y sin titubeos. Porque cuando la ley se vuelve negociable y lo ilegal encuentra justificación social, el problema deja de ser solo territorial y se convierte en una amenaza nacional.
Colombia no puede seguir normalizando esta contradicción. No puede aceptar que, dependiendo del lugar, la legalidad sea relativa. Si el país no corrige ese rumbo, no solo seguirá repitiendo sus crisis: terminará profundizándolas.
