La propuesta de incorporar a más de 4,000 excombatientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) no es un simple trámite de reincorporación laboral; es un experimento de alto riesgo que toca la fibra más sensible de cualquier democracia: el monopolio legítimo de la fuerza. Bajo el ropaje de la «paz total», se asoma una reconfiguración del aparato de seguridad que merece un análisis agudo y valiente, lejos de la complacencia oficialista.
- El Dilema Ético y Operativo
Desde una óptica de seguridad nacional, la misión de la UNP es proteger la vida de quienes están en riesgo extraordinario. Es una ironía histórica, casi sarcástica, que se pretenda asignar la custodia de líderes y funcionarios a individuos que, en el pasado, integraron estructuras que atacaron sistemáticamente las instituciones. No se trata de negar el derecho a la resocialización —principio constitucional indiscutible—, sino de cuestionar la idoneidad ética y la confianza pública.
La seguridad no se basa solo en la capacidad de disparar un arma, sino en la lealtad institucional. ¿Cómo garantiza el Estado que no existan «vasos comunicantes» o lealtades residuales entre estos nuevos funcionarios y las estructuras que aún persisten en la ilegalidad? Sin protocolos de contrainteligencia de estándar internacional, la UNP corre el riesgo de convertirse en un caballo de Troya institucional.
- Blindaje Jurídico y Riesgos de Información
Jurídicamente, la administración pública se rige por el principio de eficiencia y moralidad administrativa (Art. 209 CP). Incorporar masivamente a personal con antecedentes de rebelión en cargos que manejan información de seguridad nacional (rutas, perfiles de riesgo, coordenadas) abre un flanco de vulnerabilidad jurídica para el Estado. Ante cualquier falla en el servicio o filtración de datos que termine en una tragedia, la responsabilidad extracontractual del Estado será astronómica.
Nota de análisis: La Corte Constitucional ha sido clara en que la paz es un derecho y un deber, pero su búsqueda no puede desmantelar los estándares de la función pública ni comprometer la seguridad de otros ciudadanos protegidos.
- ¿Cooptación Sutil del Poder?
Es legítimo que la ciudadanía sospeche de una reingeniería del poder armado. En contextos de polarización, el fortalecimiento de una guardia pretoriana con afinidades ideológicas al gobierno de turno genera un desequilibrio en los pesos y contrapesos del Estado. No es paranoia; es vigilancia democrática. La historia nos enseña que cuando los límites entre el activismo armado del pasado y la protección estatal del presente se desdibujan, la institución pierde su carácter técnico para volverse una herramienta de facción.
- Conclusión: La UNP no es un Taller de Reinserción
La reincorporación económica es necesaria, pero debe darse en sectores productivos, no en el corazón de la inteligencia y la protección estatal. Confundir la inclusión social con la entrega de carnets, armas y radios del Estado a excombatientes es una temeridad estratégica.
Colombia no necesita experimentos que erosionen la poca confianza que queda en las instituciones. Necesitamos una UNP técnica, blindada contra la infiltración y dedicada exclusivamente a proteger la vida, no a validar agendas políticas que ponen en jaque la seguridad del futuro.
