Lo ocurrido en la cárcel La Paz de Itagüí no es un escándalo aislado ni una falla administrativa menor; es una claudicación del Estado ante la mafia. Que un grupo de capos —los mismos que pretenden sentarse a negociar una «paz urbana»— haya tenido la capacidad de movilizar, según las denuncias, cerca de 500 millones de pesos para contratar a artistas de la talla de Nelson Velásquez y Luis Alfonso Posada, es la prueba reina de que el sistema penitenciario ha sido secuestrado por el poder corruptor del delito.
La denuncia de la concejal Claudia Carrasquilla pone sobre la mesa cifras que representan un insulto para un país con instituciones supuestamente sólidas. El pago de 100 millones de pesos para un solo artista y otros 400 millones repartidos en logística, catering y presuntos sobornos, no son transacciones que pasen inadvertidas. Estos recursos no se mueven en la sombra; se desplazan con la venia, el silencio o la complicidad activa de aquellos funcionarios del INPEC que, traicionando su juramento, pasaron de ser custodios de la ley a ser los relacionistas públicos de alias ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Tom’.
¿Cómo ingresan cantantes famosos, coristas, logística de alimentos y equipos de sonido a un centro de alta seguridad sin que se disparen las alarmas? La respuesta es tan obvia como dolorosa: la cadena de mando está fracturada y, en los pasillos de Itagüí, el uniforme parece tener un precio de mercado.
La farsa de la «buena voluntad»- Es imperativo cuestionar la legitimidad de cualquier proceso de diálogo cuando los interlocutores —recluidos para pagar sus deudas con la sociedad— utilizan sus celdas como oficinas de eventos para despedir con lujos a alias ‘Lindolfo’. El país no puede seguir aceptando la retórica de la «Paz Total» mientras los gestores de esa paz celebran parrandas de medio millar de millones de pesos con dinero cuya procedencia, por lógica elemental, no puede ser otra que las rentas ilícitas que el Estado dice combatir.
La decisión del Gobierno Nacional de suspender los diálogos en la mesa de paz urbana tras el estallido del escándalo es una medida necesaria, pero reactiva y estéril si no viene acompañada de una purga real. La paz es un anhelo nacional, pero no se puede construir sobre el cimiento de la impunidad festiva.
Este «tarimazo carcelario» envía un mensaje devastador a la ciudadanía: la ley en Colombia es opcional para quien tiene la chequera llena. Mientras el ciudadano de a pie cumple normas y paga impuestos bajo la presión del Estado, los criminales más peligrosos de Antioquia demuestran que pueden convertir una prisión de máxima seguridad en una discoteca privada. ¿Dónde estaba la dirección del penal mientras se montaba una tarima de estas proporciones? | ¿Cómo se justifica que delincuentes condenados manejen flujos de caja superiores a los de cualquier pequeña empresa legal?
El Ministerio de Justicia y la dirección nacional del INPEC no pueden pretender cerrar esta crisis con traslados de pabellón o investigaciones administrativas que suelen terminar en el archivo. Se requiere una intervención penal inmediata contra los funcionarios que vendieron la soberanía del Estado por una tajada de esa parranda.
Colombia no puede permitirse normalizar el cinismo. Si el Estado no es capaz de imponer orden dentro de las cuatro paredes de una cárcel, pierde toda autoridad moral para hablar de seguridad en las calles. La cárcel debe ser un espacio de castigo y resocialización, no el escenario de un festival financiado por el crimen organizado. O el Estado recupera las llaves de Itagüí, o que reconozca de una vez que la democracia está de rodillas ante el mejor postor.
