La inclusión laboral de las personas con discapacidad no puede seguir siendo un discurso institucional vacío mientras, en la práctica, decenas de ciudadanos quedan atrapados en trámites imposibles y decisiones administrativas que les cierran las puertas del empleo. Lo que hoy se denuncia en Cartagena de Indias no es un hecho menor ni un simple retraso burocrático: es un síntoma de un sistema que exige cumplir la ley, pero no garantiza las condiciones para hacerlo.
Resulta profundamente contradictorio que el Estado colombiano promueva leyes como la Ley 2466 de 2025, que obliga a las empresas a contratar personas con discapacidad, mientras en territorios como Cartagena de Indias no se garantiza siquiera el acceso al documento que hace posible esa contratación. El certificado de discapacidad, que debería ser una herramienta de inclusión, se está convirtiendo en un filtro excluyente por la falta de especialistas y contratos oportunos.
La situación trasciende la ineficiencia administrativa y se acerca peligrosamente a una vulneración sistemática de derechos fundamentales. No se trata solo de trámites demorados: se trata de personas que pierden oportunidades laborales, ingresos y dignidad por una falla institucional que pudo y debió preverse.
Más preocupante aún es el momento en que ocurre esta crisis. El país se prepara para la entrada en vigor de cuotas obligatorias de empleo para personas con discapacidad a partir de junio de este año. Paralelamente, la reserva del 7% de cargos públicos para esta población ya está en marcha. La demanda por certificaciones no solo aumentará: se multiplicará. Si hoy el sistema no responde, mañana podría colapsar.
El silencio de las autoridades frente a esta situación también merece cuestionamiento. La ausencia de explicaciones públicas alimenta la percepción de improvisación y desinterés frente a una población que, por mandato constitucional, goza de especial protección. La inclusión no puede depender de la capacidad económica de las familias para viajar a otras ciudades ni de los contactos personales que logren gestionar soluciones fuera del territorio.
Este caso revela una verdad incómoda: en Colombia, muchas veces las leyes avanzan más rápido que la capacidad institucional para cumplirlas. Y cuando eso ocurre, quienes pagan el precio son los ciudadanos más vulnerables.
Cartagena de Indias no puede permitirse que la inclusión laboral de las personas con discapacidad se convierta en una promesa incumplida. La administración distrital tiene la obligación urgente de explicar qué ocurre, cuándo se normalizará el servicio y qué medidas adoptará para evitar que esta situación se repita.
Porque la verdadera inclusión no se mide por la cantidad de leyes aprobadas, sino por la posibilidad real de que una persona con discapacidad acceda a un empleo sin tener que librar una batalla contra la burocracia..
