En la política pública hay crisis que nacen del exceso y otras que nacen del descuido. Pero también existen aquellas que surgen cuando un detalle, aparentemente menor, termina revelando fallas estructurales que muchos preferirían ignorar.
Eso parece haber ocurrido en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), donde una denuncia sobre un diploma falso no solo generó controversia administrativa, sino que abrió un debate mucho más profundo: el de la eficacia real de los controles institucionales.
- El detonante: El contrato de Jeymmy Paola Vargas Gómez
Lo que revelan los documentos y las denuncias ciudadanas es inquietante. El 21 de marzo de 2025, el IPCC suscribió un contrato por 55 millones de pesos con la ex virreina de la belleza, modelo y actriz, Jeymmy Paola Vargas Gómez. El objeto: prestar servicios de apoyo a la promoción durante nueve meses por un valor total de $55 millones; un monto que resulta excesivo si se compara con el pago a profesionales técnicos contratados bajo el modelo de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS).
De acuerdo con la denuncia del ingeniero Álvaro González Álvarez, el diploma presentado por Vargas Gómez habría sido cuestionado por la institución que supuestamente lo expidió. Lo que siguió fue una cadena de decisiones administrativas bajo sospecha, incluyendo la renovación del contrato —ya no como tecnóloga, sino como bachiller— pese a la existencia de alertas previas sobre la autenticidad del documento.
- ¿Falla técnica o institucional?
Lo alarmante de este caso no es únicamente la existencia de un documento falso, sino la forma en que la alerta fue gestionada. Cuando una advertencia pública surge y no genera respuestas inmediatas, el problema deja de ser técnico y pasa a ser institucional.
Durante meses, la gestión del IPCC fue exaltada por el alcalde Dumek Turbay Paz como un ejemplo de éxito administrativo sin precedentes. Hoy, la narrativa ha cambiado. La salida del cargo de Lucy Espinosa, ocurrida en medio del creciente ruido público, no disipó las dudas; por el contrario, abrió nuevas preguntas:
- ¿Funcionan realmente los filtros administrativos?
- ¿Se verifican con rigor los documentos que respaldan contratos públicos?
- ¿O se ha normalizado una «zona gris» donde lo cuestionable es tolerado?
Un patrón de conducta: Los antecedentes en Icultur
Lo más curioso es que esta irregularidad en el IPCC no parece ser un hecho aislado en el desempeño público de la señora Lucy Espinosa. En su paso como directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur) —nombrada también por Dumek Turbay cuando este era gobernador—, Espinosa permitió que pasara el diploma falso aportado por el señor Ricardo Vellojín (supuesto técnico de Unibac) para obtener un contrato.
Este antecedente obliga a preguntar: ¿A quién le tapa Lucy Espinosa? ¿Qué favores políticos se estaban pagando con el contrato de Jeymmy Paola?
La renuncia de Lucy Espinosa, motivada según ella por problemas de salud, difícilmente puede desligarse de este episodio. Su salida parece más una estrategia de contención que una decisión personal. Sin embargo, renunciar no equivale a cerrar el capítulo.
Tanto Espinosa como Jeymmy Paola Vargas, y posiblemente otros funcionarios del Instituto, podrían enfrentar imputaciones ante la Fiscalía General de la Nación. En los estrados judiciales no bastarán los discursos de «la mejor directora de todos los tiempos» ni las justificaciones administrativas.
