El Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena de Indias por petición de la Fiscalía General de la Nación, revocó la decisión de primera instancia contra cinco personas implicadas en presuntas irregularidades en la celebración de un contrato entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Prociencia, creada por el Concejal de Cartagena, Américo Mendoza Quessep.
El Juez profirió medida de aseguramiento con detención preventiva en centro carcelario contra Olga Lucía Pérez Gutiérrez, cuñada y representante legal de la Fundación Prociencia; Flor Elena Pérez Gutiérrez, tesorera y esposa del concejal Américo Mendoza Quesep; Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez, hijos del concejal; así como Patricia del Carmen Árnedo, quien se desempeñó como representante legal de la fundación durante el año 2015.
A estas personas les imputarán los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado por la presunta apropiación de recursos del ICBF para la atención integral a 3 mil 744 beneficiarios entre niños de cero a cinco años, madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar, para ejecutarse durante la vigencia de 2015.
En el 2016, La Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar, presentó a estas cinco personas capturadas, ante una juez de Control de Garantías de Cartagena, quien en primera instancia acogió los argumentos del abogado defensor Inocencio Meléndez, para sustentar que los recursos del ICBF no eran dineros públicos, y logró que negaran las medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía.
Los hechos se refieren a presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 de diciembre 30 de 2014 por valor de $7.818’524.064, suscrito entre el ICBF y la
Fundación Prociencia.
Tras las labores desplegadas por el equipo de policía judicial, se pudo develar que los dueños de las empresas fachadas era la misma familia del concejal Américo Mendoza Quessep, quienes se habrían apropiado de una cuantía aproximada a los $1.566.650, mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades.
Se advirtió que las empresas Distrimarket MYM SAS y Minimarket SAS; fueron creadas a nombre de los hijos de la actual tesorera de la fundación, Flor Elena Pérez Gutiérrez, esposa del concejal Mendoza Quessep y que todas funcionaban en su misma casa para vender con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas, refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente eran cobrados al ICBF.
Los implicados quienes ya habían sido capturados el pasado nueve de diciembre de 2016, fueron dejados en libertad porque según la Juez de control de Garantías, Yesenia Bonfante, los recursos del contrato no eran dineros públicos y no encontró méritos para imputar medida de aseguramiento con detención intramural o domiciliaria.
En su momento el concejal se pronunció con estas palabras “Como padre, esposo, ciudadano y concejal, soy respetuoso de la justicia, pero he estado seguro desde el primer momento en que aquí había una injusticia y atropello en contra de mi familia, como ha quedado demostrado en estas audiencias. Aquí ha quedado claro que lo que hay es una persecución; pero la misma juez ha dicho que todos los argumentos fueron infundados, por los cuales se dio la detención de mi familia”.
Esta situación enloda nuevamente el nombre del Concejal de Cartagena. Américo Mendoza Quessep, quien actualmente enfrenta cargos por los delitos de cohecho y prevaricato por hechos de corrupción tras la elección irregular de la Contralora Nubia Fontalvo Hernández y está en espera de la medida de aseguramiento que se conocerá este miércoles 31 de enero en el Complejo Judicial de Cartagena.
