Con el comienzo de 2021, después de 47 años, el Reino Unido (RU) dejó de ser miembro de la Unión Europea (UE). Este proceso político conocido mundialmente como “brexit”, se inició tras el referéndum del 23 de junio de 2016 cuando el 51,9 % de los votantes apoyó abandonar la UE. De ahí que el Gobierno invocó el artículo 50 del Tratado de la UE, iniciando así el proceso de dos años para su salida el 29 de marzo de 2019. No obstante, dada la complejidad de las negociaciones, dicho plazo fue objeto de varias prórrogas hasta que finalmente, el pasado 24 de diciembre, se concretó el pacto de acuerdo entre la UE y el RU para su salida de las instituciones europeas, a partir del primero de enero de este año.
Como antecedente, en 1975 se realizó el primer referéndum ganando la permanencia del RU en la Comunidad Económica Europea, antecesora de la Unión Europea. Del mismo modo, cabe recordar que internamente los británicos han librado una lucha entre proeuropeos y euroescépticos. Por una parte, los proeuropeos abogan por la membresía continua, propugnando por el mantenimiento de la unión aduanera y el mercado común, lo cual favorece su economía y refuerza la seguridad ante las amenazas terroristas.
Por otra parte, los euorescépticos de izquierda y derecha han defendido la retirada de la Unión Europea, argumentando la necesidad de volver a controlar sus fronteras, reducir el alto volumen de inmigrantes, al mismo tiempo que buscan librarse de las muchas reglas que impone la Unión Europea sobre los negocios y del alto costo de contribución por la membresía de ser país miembro. De estas dos corrientes políticas, desde la década de los 90, la derecha es la que más fuerte oposición ha hecho a una mayor integración europea, ocasionada principalmente por el Tratado de Maastricht en 1992, a raíz de las divisiones surgidas dentro del Partido Conservador.
A groso modo el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas, establece la manera como se desarrollarán sus relaciones comerciales desde este primero de enero. Incluye el libre intercambio comercial, con nuevas reglas y mayores restricciones; asociación económica y social, en lo relativo al transporte aéreo, marítimo, terrestre y la pesca, por debajo de lo que ofrece el mercado único; la seguridad ciudadana que implica una cooperación mancomunada contra el terrorismo y los delitos, pero sin acceso a las bases de datos sensibles de la UE; y el aseguramiento de la gobernanza mediante el diálogo, con mecanismos para resolver las diferencias y sanciones mutuas para rebaja de estándares, como el medioambiente y el control climático.
Lo anterior significa que al quedar fuera de la unión aduanera y el mercado único, el Reino Unido desde 1973, retorna a ser “un Estado costero independiente con pleno control de sus aguas”, como bien afirmó el primer ministro Boris Johnson. Así mismo, se hace patente la recuperación de la autonomía legislativa y la construcción de su propio destino, por lo que se esperaría una mayor prosperidad en el futuro cercano, con nuevos estándares en todos los renglones de la economía y la innovación en materia de biociencia, finanzas e inteligencia artificial, entre otras.
Sin embargo, el acuerdo no suple las ventajas que representaba pertenecer a la UE, por lo que las empresas se verán abocadas a una infinidad de trámites de exportación, importación e incluso sobre el IVA, implicando más restricciones y un desafío logístico monumental. Además, constituirá cambios para los ciudadanos en cuanto a migración y libertad de movimientos. Definitivamente la apuesta es colosal y el tiempo sentenciará a quienes les asistía la razón: proeuropeos o euroescépticos. De ganar los segundos, comprometerá la Unidad Europea; al contrario, perderá el Reino Unido.
