Con la votación del miércoles 13 de enero en la Cámara de Representantes se aprobó, por 232 votos (10 republicanos) contra 192, la resolución para acusar al presidente Trump de “incitación a la insurrección”. Lo culpan de “incitar a la violencia contra el gobierno” de Estados Unidos, con base en lo ocurrido en el Capitolio cuando el Congreso certificaba la victoria electoral de Joseph Biden, el pasado 6 de enero. Según la acusación de los Representantes a la Cámara, el presidente fue el promotor de los desórdenes de sus seguidores que terminaron con la muerte de cinco personas, la toma del Capitolio por los manifestantes y la vulneración de la democracia.
Si bien dichos eventos han sido reconocidos como graves, por la mayoría repúblicana que votó en contra del impeachment (proceso de destitución), lo han calificado como una estrategia demócrata carente de fundamento, sustentado en el discurso de Trump y dejando de lado que su invitación a la multitud se centró en que marcharan hacia el Capitolio “pacífica y patrioticamente”. Además, argumentan que a pocos días que el presidente deje el poder, el proceso solo contribuirá a generar una mayor e innecesaria división en el país. Por su parte, los demócratas citaron como pruebas incendiarias, entre otros fragmentos del mismo discurso: “si no peleas como el demonio ya no vas a tener país” y “si ellos no luchan, tenemos que eliminar a los que no luchan”.
Es el segundo juicio político al presidente Trump e inédito en la historia de Estados Unidos. No cabe duda, sus constantes denuncias de fraude electoral para desacreditar las elecciones de noviembre, desestimadas por los jueces de instancia y las circunstancias descritas, propiciaron esta respuesta política de los demócratas que controlan la Cámara de Representantes. Apoyados en la mayoría de los medios que durante el cuatrenio presidencial estuvieron en contra del particular estilo y ejecutorias del presidente, es evidente que la finalidad no es otra que la de buscar su muerte política. Es decir, juzgarlo políticamente, destituirlo del cargo y dejarlo inhabilitado para ocupar cargos públicos de por vida.
Ante una eventual condena del Senado, no descalificaría automáticamente a Trump para postularse a las presidenciales de 2024 o cualquier otro cargo público, pero la Constitución contempla una votación posterior del Senado para impedir que el funcionario destituido acceda a “cualquier cargo de honor, confianza o lucro en Estados Unidos”, para lo cual solo se necesitaría una mayoría simple de los senadores votantes.
Dicha posibilidad, desde la óptica de los intereses políticos demócratas y, por supuesto, un sector de republicanos con aspiraciones presidenciales, sería la única manera de sacar a Trump de su partido y del escenario político. Sin embargo, cabe el recurso de apelar ante la Corte Suprema, ya que no existe precedente en el que un presidente haya sido inhabilitado para un cargo en el futuro.
No obstante, se requieren las dos terceras partes de los votos en el Senado, por lo que es muy poco probable que los republicanos aporten la votación necesaria para que prospere la iniciativa demócrata. En otras palabras, en un Senado paritario donde la mitad de sus 100 senadores son republicanos y la otra mitad demócratas, la definición estará en el campo de juego republicano, descontándose los 50 senadores demócratas a favor de una condena.
Lo anterior tiene su asidero en que será muy difícil probar que el presidente incitó a la violencia en sus discursos. De hecho, para que sea delito “debe ser algo dirigido y debe ser probable que cause una inminente acción violenta”, en palabras del profesor Garrett Epss de la Universidad de Baltimore. Del mismo modo, están de por medio las fisuras al interior del partido republicano entre los radicales y moderados, así como la libertad de expresión irrestricta que se defiende a capa y espada en la legislación estadounidense.
