Con la detención de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez el sábado 13 de marzo, así como de los ministros de Justicia y Energía, además de las órdenes de arresto de la Fiscalía General de Bolivia contra otros siete funcionarios durante su gobierno, por los cargos de terrorismo, sedición y conspiración para cometer un golpe de Estado, se vislumbra en amplios sectores de la oposición del gobierno boliviano una venganza política. Así mismo, se evidencia la posibilidad de una injerencia política en el estamento judicial, dado que su sistema y el de las fuerzas armadas de Bolivia no gozan de una estructura independiente, por lo que se facilita el control y manipulación por parte del gobierno de turno.
Para Áñez es una acción absolutamente arbitraria, porque es pretender criminalizar el hecho de haber pacificado al país con un golpe de Estado, por lo que la sucesión constitucional ahora no tendría validez. Todo esto, en detrimento del estado de derecho, al desconocerse los privilegios que le asisten como exmandataria, cuya competencia reside en un caso de Corte y no en una jueza de instrucción cautelar en lo penal que ordenó su prisión preventiva, durante cuatro meses, mientras se adelanta la investigación judicial.
Hasta hoy, es claro que no ha sido posible desvirtuar con rigurosidad las conclusiones de la misión electoral de la OEA presidida por el excanciller de Costa Rica, Manuel González, que al culminar la auditoría de los comicios electorales de 2019 en Bolivia, determinó que hubo fraude en favor de Evo Morales. Para corroborarlo, basta mencionar dos irregularidades de aquellas conclusiones: las terminales de cómputo paralelas identificadas y la adulteración flagrante de las actas de escrutinio. Por ello, la misión concluyó que ocurrió un fraude electoral y no un golpe de Estado, como lo defendía en su momento y lo sigue sosteniendo el expresidente boliviano Morales, al mismo tiempo que ha rechazado las acusaciones del fraude.
Cabe recordar que el papel de la misión electoral de la OEA, no se circunscribe a garantizar a favor o en contra de un resultado el día de los comicios, sino a observar el desarrollo del proceso como un todo. Por tanto, hay una serie de temas que incluyen la relación con la prensa y los medios de comunicación en general, también con las minorías, el financiamiento de las campañas, la organización electoral, la entrega de los materiales electorales y su custodia, entre muchos otros aspectos que le dan la naturaleza de misión técnica y no política. De ahí que el informe final producido por los expertos que la conforman, en cada una de las áreas de interés, es de carácter técnico y no político.
¿Cuál es la conclusión lógica de sostener a rajatabla, en contra del Tribunal Constitucional, el Congreso, la OEA, las Naciones Unidas y la comunidad internacional que hubo un golpe de Estado contra Evo Morales? En palabras del expresidente de Bolivia Jorge Quiroga, la conclusión lógica es reponer la democracia boliviana “al vicio más antiguo”, por lo que el presidente en ejercicio, Luis Arce, tendría que entregar el poder a Evo Morales bajo la tesis que, desde que Jeanine Áñez asumió la presidencia como producto de un golpe de Estado, todo lo actuado fue inválido. Es decir, los nuevos vocales electorales, la leyes y las elecciones, por consiguiente, su gobierno fue espurio. En otras palabras, falso e ilegítimo.
Sumado a lo expuesto, la teoría de golpe de Estado carece de fundamento. No solo debido a que no se conoce prueba alguna sobre su posible comisión, por parte de los imputados, sino también porque no estaban en una posición de poder para conspirar y realizarlo. Subsidiariamente, hasta ahora, tampoco existen pruebas sobre los delitos de terrorismo y sedición atribuidos, por lo que las dudas sobre la legalidad de las detenciones se acrecientan y apuntan a un proceso generado por motivaciones políticas, orquestado desde el gobierno central. Además, no se puede pasar por alto que la sucesión ocurrida en noviembre de 2019 se dio al amparo del Tribunal Constitucional y se prolongó por un año, hasta noviembre de 2020, con las elecciones presidenciales en que resultó ganador Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
En consecuencia, el problema de continuar adelante con la teoría del golpe de Estado en Bolivia, encubierto en el proceso judicial contra la expresidenta Áñez y los demás funcionarios afectados, tiene un inconveniente y es que podría convertirse en un boomerang para la presidencia de Arce, toda vez que comprometería su legitimidad. En términos coloquiales, salirle el tiro por la culata, máxime si no se respetan las garantías del debido proceso judicial y la plena transparencia durante su desarrollo, en una Bolivia dividida, donde la polarización ha sido extrema y la mitad de la población no quiere ver de nuevo al expresidente Morales en el poder.
En todo caso, más allá del seguimiento que realizan los organismos multilaterales a esta situación, sería muy beneficioso que el gobierno de Luis Arce solicite el envío de una misión de veeduría internacional a Bolivia, en aras de la transparencia y el fortalecimiento de su estado de derecho.
