El seis de abril será la audiencia para estudiar la solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía en el caso contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal.
La solicitud fue criticada por algunos sobre la base de que contradice a la Corte Suprema. Hay que recordar que no conoceremos los motivos y causas de la solicitud de preclusión sino cuando la Fiscalía la presente en la audiencia. Hasta ahora solo tenemos su anuncio. Y que la Corte perdió competencia para juzgar a Uribe cuando este renunció a su curul de senador.
Es el momento para resaltar los motivos por los que lo hizo. El primero es que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a un juez imparcial. Y la Corte probó no serlo y que tenía un sesgo político y violó una y otra vez, de manera sistemática, los derechos más fundamentales de Uribe en materia de justicia. Esos derechos están consagrados en el artículo 8 de la Convención Americana y en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Solo resaltaré algunas violaciones:
La garantía de ser informado de la naturaleza y causa del proceso judicial fue vulnerada cuando la Suprema negó durante cinco meses a Uribe que había una causa en su contra. La Corte abrió el proceso el 22 de febrero de 2018, el mismo día de la denuncia del abogado de Cepeda y solo notificó el 24 de julio al ex Presidente. El argumento que alegó el magistrado Barceló para haberle mentido a Uribe sobre la existencia del proceso es estúpido y mentiroso. Dice que no informó del proceso porque era “contra persona indeterminada”. Si fuera así, no tenía competencia: la Corte solo puede investigar aforados. Y si sabía que era contra un aforado, Uribe, tendría que haberle informado.
El derecho a interrogar a los testigos se violó cuando la Corte no le dio a Uribe la posibilidad de preguntar a Monsalve, Caliche y Deyanira, cuyos testimonios fueron recogidos precisamente en los meses en que se negó que había un proceso en su contra.
La garantía a disponer de los tiempos y medios para su defensa se le violó al entonces senador muchas veces, como cuando pidió en dos ocasiones a la Corte que lo recibieran en versión libre y no se lo aceptaron, y cuando la Suprema adelantó pruebas en su proceso sin informarle y sin darle la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción de las mismas.
El derecho a obtener la comparencia de testigos de descargo fue transgredido cuando el alto tribunal, sin justificación alguna, le negó a la defensa la posibilidad de presentar al menos seis testimonios que le eran favorables.
El derecho a la inviolabilidad de comunicaciones lo transgredió la Corte cuando chuzó el celular de Uribe alegando que fue porque el representante Nilton Córdoba habría dado en versión libre el celular del ex Presidente como propio. El congresista juró «por su madre” que no era cierto y señaló que era muy fácil comprobarlo: su declaración ante la Corte fue en mayo de 2018 y las interceptaciones en marzo y abril. Hoy además tenemos certeza de que Barceló sabía que ese celular era de Uribe porque así se lo dijeron tanto Movistar como los propios investigadores judiciales del tribunal. Y sabemos también que así lo advirtió Oscar Álvarez, el funcionario a cargo de las interceptaciones, a los pocos días de empezarlas.
El derecho a la confidencialidad del proceso y a la presunción de inocencia los violó la Suprema cuando filtró de manera sistemática información segmentada, incompleta y escogida del proceso, con miras a generar en la opinión pública la idea de que Uribe era culpable.
La garantía de que una prueba recaudada de manera ilícita no sea considerada fue quebrada cuando la Suprema no tuvo reparo en “legalizar” las grabaciones de la chuzada.
Tampoco tuvo pudor la Corte en vulnerar, no una sino múltiples veces, el derecho de Uribe de comunicarse libre y privadamente con su abogado, un derecho fundamental como pocos y de cuya infracción hay poquísimos antecedentes en el mundo. El que recuerdo le costó al juez español Baltazar Garzón una sentencia de once años y la expulsión de la carrera judicial.
Y como si fuese poco, a Uribe se le violó su derecho a que la privación de la libertad sea la última medida cuando le dictó captura sin justificación legal ni fáctica y cuando la Corte tenía la posibilidad de acudir a otras medidas distintas que eran conducentes.
Uribe fue el muro que contuvo el avance de la izquierda en el Continente, impulsado por el socialismo del siglo XXI. En Colombia no solo fracasaba en su intento sino que la faceta violenta de la estrategia, los grupos subversivos, eran sistemáticamente derrotados por la aplicación efectiva de la seguridad democrática. Uribe, no debe olvidarse, fue quien protegió la democracia de los ataques feroces de la izquierda continental y de la violencia terrorista doméstica. Uribe los venció una y otra vez, en los campos de batalla y en las urnas, y por eso lo odian, lo convirtieron en su peor enemigo, y quieren eliminarlo como sea. Porque como cualquier otro ciudadano merece el respeto de sus derechos, por su gesta histórica en defensa de la democracia latinoamericana y por devolverle el futuro a Colombia, Uribe debe ser protegido de toda injusticia y de los complots judiciales.
