Cuando se intenta resaltar las cosas buenas del estado político, siempre salta a la luz pública los desafueros parlamentarios con el visto bueno del gobierno nacional. No es posible que después de meses de marchas, disturbios, manifestaciones, protestes, muertes, lesionadas, hospitalizados, desfigurados, quemados y capturas, producto del inconformismo social reinante por efectos de la falta de empleo, educación, salud, la corrupción y el nepotismo galopante, se presenten y aprueben propuestas que no son consecuentes con el momento que vivimos.
Recordar es vivir, y no puede quedarse en el aire sucesos de propuestas que creímos habían hecho entender a nuestros dirigentes que había que cambiar el rumbo. Iniciamos con el famoso hueco fiscal de más de 25 billones, cuando Carrasquilla opinaba lo contrario y expresó que el “Hueco” era de 14 billones y producto de ello y a unos cuantos días de un paro nacional, con los asesores externos de la “economía salvaje”, intentaron imponernos una reforma tributaria donde había que colocarle el IVA a todos los productos de la canasta familiar
No contento con lo anterior, el gremio privado de pensiones y cesantías, Asofondos, intenta una nueva reforma pensional y solicita un aumento de las edades de 70 y 65 años en hombres y mujeres y avanzan mucho más cuando piden se elimine “la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes”, sin importarles las consecuencias en el sustento de esposas y/o esposos, compañeras (os) e hijos, en especial con los discapacitados y especiales, siendo que son derechos amparados por la Constitución Política de Colombia
El periplo continua cuando empresarios expresaron que el aumento salarial no podía ser mayor del 2 %, sin tener en cuenta que El DANE le había informado al país que “2,4 millones de hogares no comen tres veces al día”, sin embargo y a pesar de la trágica noticia, el gobierno definió que el 3.5% será el aumento del salario mínimo para el 2021
Pero, “al caído…caerle”, en esos pasillos y oficinas de los parlamentarios se había cocinado, con el aval del Gobierno y mensaje de urgencia, otro proyecto mucho más discutible, como fue la Ley 010 de 2020, de reforma a la salud, con mucha letra menuda e intentos de privatización donde la empresa estaba por encima de la salud y con dominio absoluto de las aseguradoras y las politizadas IPS y ARL.
No contentos con los sucesos narrados, se presentaron nuevos proyectos cuando en la comisión séptima de la Cámara de Representantes se encontraba en discusión un proyecto que le otorgaba una bonificación salarial adicional y variable para los congresistas, cuando el proyecto para bajarle el salario se había hundido en varias ocasiones.
Ahora, con el visto bueno del estamento y el apoyo de los partidos de gobierno, se modifica la Ley de Garantías en el Presupuesto General 2022, donde se elimina el blindaje a la contratación pública, todo a las portas de una difícil y polarizada temporada electoral. Lo que no entendemos es como antes no y ahora sí, ya que por conveniencia electorera, en el pasado reciente el mismísimo expresidente Uribe y el entonces senador Iván Duque combatían “a como fuera lugar” esa idea que hoy defienden. Alegan que eso hace parte de la “dinámica de la política”
Muchos videos del entonces senador Iván Duque criticando cualquier modificación a la Ley de Garantías y lo justificaba con expresiones como: “Me parece muy grave que el gobierno Santos, haya presentado un proyecto a través del cual le quiere hacer una excepción a la ley de garantías electorales para permitir que en época electoral los gobernadores y los alcaldes puedan llevar a cabo convenios interadministrativos y además, puedan contratar de manera directa. Ello, laceraba la democracia «, mientras, el expresidente Uribe escribió en el 2015 en contra del presidente Santos y dijo: “Eliminar la Ley de Garantías es una trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”.
Lo que veremos con profunda preocupación es la contratación en ministerios, instituciones, gobernaciones y alcaldías, con el estribillo que son “contratos directos donde se demostrará una necesidad para la continuidad del servicio”. Pero, como cortaron rabo y orejas y para que los toreros “salieran en hombros” faltaba la estocada final, y nuestros parlamentarios autorizaron al gobierno que les “robase” los ahorros en los colombianos con saldos de las cuentas corrientes y de ahorro que hayan permanecido inactivas por un periodo mayor a un año para ser utilizados por el Gobierno para financiar el Presupuesto General de la Nación.
El pobre ahorrador que no utilizaba sus ahorros para la compra de su casa, vehículo o negocio…tranquilo…ya el estado lo expropió…y sin vaselina….
