La propuesta del candidato Gustavo Petro de expropiar el ahorro destinado a la pensión de 18 millones de trabajadores, actualmente en los fondos de pensión privados, para darle un bono solidario de 500 mil pesos mensuales a 3 millones de personas que no tienen pensión, tiene tanto de largo como de ancho.
Por una parte, es una expropiación dado que el ahorro pensional individual no es un recurso público o propiedad del Estado y, con ello, la propuesta pretende prescindir de los fondos privados de pensiones para pasarlos al sistema público. Por otra parte, al eliminar la competencia, se centralizan los fondos de pensiones en el Estado sin que los ahorros de los trabajadores puedan tener alternativas de rendimiento, con los agravantes que se conviertan en fuente de financiamiento del gasto público y no garantiza que el dinero de los ahorradores permanezca allí.
Al pasar el dinero de los trabajadores a un fondo público en lugar de estar en fondos privados de pensiones, según Petro, “liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión”. En sus palabras, “la plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución”. Sin embargo, lo que se evidencia es que abre un hueco fiscal de la misma proporción, toda vez que se tendrá que acudir a otras fuentes de financiamiento, inciertas, para poder cubrir esos 18 billones de los ahorradores.
Lo anterior afecta a los pensionados existentes y a quienes, con edad menor a 40 años, trabajan laboriosamente y generan los ahorros necesarios para poder obtener su pensión de vejez. Además, el ahorro de aquellas personas que no se pueden pensionar, por no cumplir requisitos, tampoco será devuelto con rendimientos más allá de los ajustados a la inflación. Por el contrario, en el régimen de capitalización individual administrado por los fondos de pensiones, las devoluciones son 7 veces mayores, gracias a que la tasa de interés es más alta que en el régimen público.
En consecuencia, los perjudicados serían los actuales jubilados porque no habría dinero para pagar sus mesadas pensionales y los 18 millones de trabajadores ahorradores de los fondos de pensiones. Sin duda, la propuesta de reforma al sistema pensional, no deja de ser muy atractiva para los 3 millones de personas sin pensión que, en teoría, podrían acceder al subsidio mensual de 500 mil pesos bajo la aureola de la solidaridad. Eso sí, a cambio de votar por el candidato a presidente.
Si de cálculos políticos perversos se trata, éticamente es cuestionable, porque la propuesta de Petro entraña el objetivo soterrado de ganarse el voto de 3 millones de personas sin pensión, al amparo de una propuesta populista que busca proporcionarles mensualmente medio salario mínimo, así sea inviable. En efecto, es una iniciativa irresponsable e injusta en la medida que castraría la posibilidad de una pensión a los jóvenes de hoy y a las futuras generaciones, puesto que no tendrían quién les aporte para su pensión cuando alcancen la edad de su jubilación, debido a que la curva demográfica comprueba que las familias de hoy tienen menos hijos y la esperanza de vida es mayor.
En otras palabras, progresivamente tendremos menos trabajadores activos por cada adulto mayor, lo que se explica en el hecho incontrovertible que la pirámide poblacional se está invirtiendo en Colombia. Más aún, constituye una pirámide financiera porque se benefician los primeros que llegan, dejando de lado el relevo intergeneracional que invoca el sistema de reparto propuesto por Petro y sus asesores.
Al respecto, es innegable que los jóvenes de hoy están financiando las pensiones de los adultos mayores, pero como lo afirma Santiago Montenegro: “cuando ellos sean viejos no habrán suficientes jóvenes para financiarles sus pensiones, entonces la solidaridad intergeneracional en realidad no existe, eso ya se quebró y es una de las razones que aduce Thomas Piquetty, en su libro El capital en el siglo XXI, donde dice claramente que el capital crece más alto que la productividad”. De ahí la necesidad de los sistemas de capitalización, ya que son superiores a los sistemas de reparto.
De hecho, aunque no se dice nada, en la propuesta se constata que se mantienen los subsidios a los ingresos, continúa siendo muy regresiva, no aumenta la cobertura que es lo que se necesita y solo permite que el pilar de los ingresos por encima del valor de cotización pensional vaya a capitalización en los fondos privados.
De otro lado, llama la atención que Ricardo Bonilla, asesor financiero de la campaña presidencial de Petro, sostiene que el déficit público es de 45 billones y que 32 billones corresponden a las pensiones públicas. De aquí que sentencia: “militares, policías, maestros, altos funcionarios del Estado, expresidentes y de ahí para atrás hay que organizarlo, porque el Estado no puede seguir pagando eso. Una de las propuestas complementarias es reducir el tamaño de las pensiones que puede pagar el Estado y hoy hay que bajarlas a 4 o 5 salarios mínimos”.
Así las cosas, ¿desde cuándo los derechos adquiridos, dejaron de serlo? y ¿desde cuándo la ley es retroactiva para los actuales pensionados? Pero el cuestionamiento de fondo es que la propuesta intenta nivelar a los futuros pensionados en 4 o 5 salarios mínimos. Tamaño despropósito, con el que se busca rebajar para distribuir pobreza.
Si bien es una propuesta de reforma que tiene que ir al congreso, no solo es inconveniente y lesiva sino que tampoco resuelve el problema estructural existente. Esto es, la formalización del empleo en Colombia para que los ciudadanos tengan la autonomía financiera necesaria para aumentar la cobertura de cotizantes al sistema pensional. Así que habrá que mirar por quien votarán los dueños de los 18 billones de pesos al momento de depositar su voto en las urnas. Es decir, los 18 millones de trabajadores que actualmente cotizan para su pensión de vejez.
Así mismo, los actuales pensionados y las personas pertenecientes a los regímenes especiales que, con sus familias, han quedado notificadas del peligro en la disminución de las pensiones, tales como: servidores públicos del magisterio, militares y policías, congresistas, magistrados de las altas cortes y expresidentes de la república, entre otros. En últimas, con su voto, la ciudadanía colombiana es la que elige al futuro presidente que más le conviene. No nos podemos equivocar.
