Tal como se propuso durante la pasada campaña electoral, el enfoque central del actual gobierno para promover y alcanzar la paz en Colombia se sustenta en la seguridad humana. Un concepto que surgió tras el fin de la guerra fría para afrontar la subyacente problemática y riesgos a la seguridad, muy distantes de las amenazas tradicionales de carácter militar. Es así que con la caída del muro de Berlín en 1989 y el derrumbamiento de la Unión Soviética en 1991, que acabó con el orden bipolar existente, afloraron los problemas de millones de personas que viven en la pobreza, extrema pobreza y cuya vida precaria tiene su origen en el subdesarrollo, pero se torna crítica por las crisis políticas, sociales y económicas en las regiones más pobres del mundo.
Dicha situación impulsó a la ONU, en 1992, para explorar el concepto de seguridad humana a través del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (Pnud), en su informe de ese año, debido a la necesidad de enfatizar en el individuo y no en el Estado, al apreciar que el ser humano es el núcleo central y primer beneficiario de la seguridad. La seguridad humana, con sus diferentes usos, es ampliada por el Pnud en su informe anual de 1994, precisando que no es una preocupación por las armas, sino una preocupación por la vida y la dignidad humana.
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Del mismo modo, puntualiza que no debe equipararse la seguridad humana con el desarrollo humano, ya que es más amplio e implica un proceso donde la gente cuenta con una diversidad de opciones. En consecuencia, la seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones de manera segura y libre, con la confianza que las oportunidades de hoy no desaparezcan en el mañana. Básicamente, se centra en cuatro características fundamentales: es una preocupación universal, sus componentes son interdependientes, la clave está en la prevención y su núcleo es el ser humano.
Dicho concepto se puede complementar con la reflexión de Rafael Grasa (2007), sobre seguridad humana, entendida como una doctrina que combina a partir de 1990 las agendas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos, con las visiones más tradicionales de seguridad. Para ilustrarlo mejor, después de terminar la guerra fría, es indefectible que desde 1992 han disminuido los conflictos armados, aunque perduran las guerras civiles y las guerras internas sustituyen las guerras convencionales. Entre otras, Siria, Libia, Yemen, Palestina e Israel, Sáhara, Marruecos, y Argelia, Etiopía, Mozambique, los golpes de Estado en áfrica, lo más reciente entre Rusia y Ucrania, así como los conflictos en América Latina: Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
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Son nuevas guerras, con nuevos actores como el terrorismo o el crimen organizado. El término “nuevas guerras” fue acuñado por Kaldor (1999) y se caracteriza por difuminar las distinciones entre guerra, violaciones masivas de los derechos humanos y crimen organizado. No obstante, para este autor, el mayor obstáculo para que se adopte el concepto de seguridad humana lo constituye la enorme brecha que hay entre los países. En otras palabras, está intrínsecamente ligado a la crisis de desigualdad agravada a nivel mundial, al enfrentar la pobreza extrema con la riqueza extrema. Según informe de Oxfam 2018, el 82% de la riqueza mundial generada en 2017 quedó en poder del 1% más rico de la población mundial, lo que contrasta con el 50% de la población más pobre que equivale a 3 mil 700 millones de personas, que no se benefició con ese crecimiento.
Para el caso de Colombia el reto es aún mayor, por la problemática del conflicto interno armado que persiste, pese al Acuerdo final alcanzado el 24 de noviembre de 2016 con las Farc, así como los fenómenos de multicriminalidad presentes que constituyen ineludibles obstáculos. Por consiguiente, es necesario considerar que la seguridad humana por sí sola, con las negociaciones que se pretenden adelantar con el Eln, las disidencias y reincidencias de las extintas Farc, unido a los diálogos de acogimiento con las organizaciones criminales que carecen de reconocimiento político, no es suficiente para lograr los objetivos propuestos y conseguir la paz total.
En consecuencia, es imperativo que el gobierno con el sector defensa y demás ministerios, adopten una estrategia integral de seguridad multidimensional, la cual está constituida por la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad humana. La seguridad nacional, implica un enfoque de Estado orientado a la defensa del territorio y defensa de la soberanía, bajo la responsabilidad constitucional de las Fuerzas Militares; en la seguridad pública el enfoque es la comunidad y está a cargo de la Policía Nacional, también por mandato constitucional, mediante el control del orden público, la protección de la gobernabilidad y la seguridad ciudadana; finalmente, la seguridad humana, que “(…) siempre ha tenido dos componentes fundamentales: libertad respecto del miedo y libertad respecto de la necesidad” (Pnud, 1994).
Así las cosas, en esta última, la responsabilidad de la Fuerza Pública es marginal, partiendo del hecho que el objetivo de la seguridad humana es proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de manera que se materialicen las libertades y la plena realización del ser humano. Esto se explica a partir de los componentes de la seguridad humana: seguridad política, seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de la salud, seguridad ambiental, seguridad personal y seguridad de la comunidad.
En tal virtud, la seguridad humana es una responsabilidad del Estado en su conjunto, con el presidente de la república a la cabeza y los ministros en sus diferentes carteras en lo político, económico, social, salud y ambiental. Claro está, acompañadas por el sector defensa con las fuerzas militares y la policía nacional en lo que les concierne, pero siempre atendiendo sus responsabilidades en los dos primeros enfoques de la seguridad multidimensional: seguridad nacional y seguridad pública, respectivamente.
No entenderlo así, descargando toda la responsabilidad de la seguridad humana en el sector defensa, constituye un craso error porque se estaría repitiendo lo que tradicionalmente han estado haciendo los gobiernos, no solo en Colombia sino también en otros países de América Latina como México. Por tanto, que cada sector defina un punto focal dentro de la problemática de seguridad con estrategias de protección y empoderamiento, políticas e instrumentos, al mismo tiempo que ordena las prioridades.
Es decir, el uso del poder militar y policial se enfoca al sector que responde por la respectiva seguridad militar y la seguridad pública, mientras que a los otros sectores se les da el tratamiento de seguridad requerido, con lo que se limita la securitización a los aspectos político, económico, social, salud y ambiental. Así, se evita una securitización generalizada que a todas luces no es conveniente, a la vez que los seis sectores operan interdependientemente, vinculándose fuertemente unos de otros como una red entretejida, por lo que de ninguna manera actúan aisladamente. (Suárez y Ardila, 2021).
