Cada nuevo anuncio que hace el Gobierno es más grave que el anterior. Los de la pasada semana son el auspicio gubernamental de una asamblea cocalera, la barrida de generales en el Ejército, el anuncio de que se suspenderán los bombardeos y de que no habría erradicación forzada, el nombramiento de un militante del M-19 en la Dirección Nacional de Inteligencia.
Esas decisiones serían solo preocupantes si fuesen producto de la improvisación o de la ignorancia. Pero me temo que es mucho más que eso, que son producto de una estrategia y de un equipo de gobierno altamente ideologizado.
Es indispensable recordar los antecedentes: 1. Petro y miembros de su equipo hicieron parte de una guerrilla que inauguró los secuestros como táctica de financiamiento y que cometió toda clase de atrocidades, entre ellas el asalto a sangre y fuego del Palacio de Justicia. Otros vienen de un Partido Comunista que articulaba su acción política con las Farc en un ejercicio de la combinación de todas las formas de lucha. Hay serios indicios de cercanía de varios funcionarios con el Eln. 2. El hermano de Petro, el ahora nuevo Comisionado de Paz y Piedad Córdoba se reunieron con parapolíticos, paramilitares y narcotraficantes y se sostuvo que había un pacto para conseguir apoyos electorales. La pregunta era qué se había ofrecido a cambio de esos respaldos. 3. Petro mismo afirmó que habría «una JEP para el narcotráfico” con «beneficios jurídicos». Atacó la extradición, él y otros de izquierda se opusieron a la de Otoniel, dijo que “mi justicia es la justicia de Colombia” y que “no se arrodillará a poderes extranjeros”. Ofreció “perdón social” para los delincuentes.
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Las acciones de gobierno han seguido en esa línea. En relación con las instituciones encargadas de los asuntos de defensa y seguridad: nombró un abierto enemigo de la Fuerza Pública como ministro de Defensa y un miembro del M-19 como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, anunció que sacará a la Policía de la órbita del Ministerio de Defensa y el desmonte del Esmad para reconvertirlo en una «unidad de diálogo”, barrió con más de medio centenar de los generales con más conocimiento y experiencia y anunció que no permitiría el ascenso de oficiales por meras sospechas de violaciones de derechos humanos.
En relación con la política y estrategias contra el narcotráfico: no usará glifosato ni siquiera para la erradicación manual (en línea con su afirmación de que “en el gobierno del Pacto Histórico no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra Patria”), no habrá erradicación forzada, sino negociaciones voluntarias con los cocaleros y ahora auspicia una asamblea nacional cocalera (una legitimación tácita de los narcocultivos y un tratamiento preferencial para quienes se dedican a los cultivos ilícitos sobre los agricultores que nunca han delinquido), anuncio de proyectos de ley no solo para permitir el uso recreacional de la marihuana, sino para la legalización de la cocaína, replanteamiento de la figura de la extradición y negociación con beneficios jurídicos con los grupos criminales vinculados al narcotráfico.
En relación con el conflicto armado y los grupos violentos: designación como comisionado de paz de uno de los interlocutores durante la campaña con los bandidos, anuncio de “perdón social” y de “paz total” con negociaciones paralelas con los distintos grupos criminales, reapertura de diálogos con el Eln con cese al fuego bilateral y acuerdos parciales de ejecución automática (que solo benefician a la guerrilla), decisión de restringir aún más el porte legal de armas (la restricción actual no ha disminuido la violencia y el desarme generalizado deja a los ciudadanos de bien a merced de los violentos), cese de las operaciones de bombardeos so pretexto de proteger a los menores (con el efecto contrario: aumentará el reclutamiento para usarlos como escudos humanos y se fortalecerán los grupos criminales).
La sumatoria de decisiones y mensajes es devastadora. Una combinación de enemigos de las Fuerzas Militares y la Policía en el Gobierno y las instituciones de seguridad y defensa; debilitamiento sustantivo de las capacidades estratégica, operacional y táctica del Estado; tratamiento preferencial para violentos y criminales; políticas que expandirán los narcocultivos y fortalecerán a las organizaciones vinculadas con el narco; desprotección de los ciudadanos inocentes y pacíficos frente a los criminales.
Hoy no tengo duda: este un Gobierno dirigido por un viejo criminal y sus camaradas, que pactó con criminales durante la campaña, y que ahora opera para favorecer a otros criminales. La narcocracia es una realidad.
