100 días de Petro. Muy difícil encontrar un gobierno que haya hecho tanto daño en tan poco tiempo. Para hacer un ejercicio objetivo, empiezo por lo positivo. En materia internacional, la reanudación de las relaciones con Venezuela. Estábamos demorados en hacerlo. La estrategia del cerco diplomático de Duque fue un rotundo fracaso. Ahora bien, tras el restablecimiento diplomático había que buscar la consecución de nuestros objetivos estratégicos frente al hermano país y por ahora tal cosa no solo no se ve, sino que parece haber la tentación de entregarse a Caracas. Preocupa en particular que no se avance en conseguir la colaboración del régimen venezolano en la lucha contra los grupos ilegales colombianos y no permitir su presencia en su territorio. Y fue un error grave decidir que los diálogos con los elenos sean en Venezuela, entre otros motivos porque daría excusa al régimen chavista para alojarlos si las conversaciones fracasaran, como ha ocurrido con Cuba.
Tampoco ha sido positivo el manejo de las tensiones con Nicaragua. Primero nombró como embajador a un acusado por narcotráfico, después legitimó la dictadura de Ortega ausentándose de una sesión de la OEA en que se le condenaba, finalmente cambió los agentes colombianos en los casos en la Corte Internacional de Justicia con el pretexto de que la defensa fue “estúpida», resultado de una supuesta visión centralista y la ausencia de un abogado raizal. Por distintos motivos, he sido muy crítico de esa defensa. Pero la excusa de Petro es mentirosa, no deja de ser irónico que haya nombrado como agente a Eduardo Valencia, que hizo parte del equipo desde su inicio, que se haya apartado al abogado sanadresano Kent Francis James, que ya había intervenido en La Haya, y que en cambio haya designado como coagente una bióloga. Sí, una bióloga.
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Petro ha incumplido flagrantemente su oferta de fortalecer la carrera diplomática, ha nombrado embajadores no solo a sus amigotes sino a imputados judicialmente, que no hablan inglés y sin ninguna calidad para ejercer la tarea diplomática. Se ha acercado a Cuba, Irán y Rusia, malas compañías, y se ha alejado de los Estados Unidos, nuestro principal socio, en un esfuerzo de distanciamiento que no ha ido a mayores por decisión de Washington. Mientras tanto, el canciller Leyva pasa de agache con el conflicto de interés que supone tener una compañía familiar dedicada ni más ni menos que a conseguir nacionalidades europeas a nuestros connacionales.
En relación con los asuntos de defensa y seguridad solo puede rescatarse el discurso de luchar contra la corrupción al interior de la Fuerza Pública. Sin duda hay problemas de esa naturaleza entre militares y policías y hay que dar ese combate de manera decidida. Por ahora, sin embargo, todo son palabras.
En todo lo demás las políticas y declaraciones de Petro y su gobierno solo han traído perjuicios. El resumen, reitero lo dicho, es el debilitamiento de la Fuerza Pública y, en paralelo, el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Recortó el presupuesto del Ministerio de Defensa, arrasó con las cúpulas militar y policial (el sueño de los guerrilleros cumplido desde Presidencia), prohibió los bombardeos a campamentos de los grupos armados ilegales excepto que pueda probarse que no hay menores de edad en ellos (haciendo inocua la ventaja estratégica del poder aéreo del Estado), eliminó el servicio militar obligatorio, quiere prohibir incluso el porte legal excepcional de armas, el Mindefensa ordenó que los policías no se defiendan cuando son agredidos incluso físicamente, etcétera. Y, por el otro lado, busca negociar de nuevo con las disidencias y premiar la traición de los reincidentes, puso en marcha la más grande operación de lavado de activos de la historia al ofrecerle a los criminales que se queden con el 10% de sus bienes malhabidos, pretende no usar glifosato ni siquiera para aspersión manual, negociar con los narcos, perdonar los delitos de la primera línea y legalizar los que se cometan durante las protestas, no habrá erradicación forzada y condicionó la extradición.
La paz total es la claudicación del imperio de la ley, la entronización de la impunidad y el arrodillamiento del Gobierno frente a los narcos. Las consecuencias ya se ven: irrespeto permanente a la autoridad, fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales y un aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana. Y con certeza vendrán más narcocultivos y más cocaína.
Queda la economía, quizás lo peor de todo, que es mucho decir en semejante panorama. Será objeto de la próxima reflexión.
