Tras la conciliación sobre algunos artículos del proyecto de Ley de la “paz total” que fueron aprobados en la Cámara pero no en el Senado, entre ellos el “Artículo 10o. Servicio Social para la Paz”, este fue incluido en el texto final de la propuesta que se convertirá en política de Estado. De aquí que sobrevivió después de estar hundido, dado que el pasado jueves 3 de noviembre el Congreso aprobó la conciliación con la que se prorroga y modifica la Ley 418 o de orden público. Así entonces, solo resta la sanción presidencial para que el proyecto aprobado se convierta en Ley de la República.
Según lo argumentado por el equipo conciliador del Senado y Cámara, la inclusión del Servicio Social para la Paz obedeció a que será esencial en el marco de la política de “paz total” del gobierno. Esto es, para “las negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz”, como las negociaciones que se iniciarán con el ELN. También, en los “acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”. Así se desprende de los dos tipos de procesos que se contemplan en la Ley.
Una vez esta entre en vigor, se creará el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar y tendrá una duración de doce meses, en once modalidades. Se implementará de manera gradual y progresiva, lo prestarán quienes cumplan con los requisitos del servicio militar obligatorio, será certificado y equivalente a la libreta militar, y el tiempo de servicio se reconocerá como experiencia laboral para el primer empleo. Sin embargo, la Ley prohíbe que el servicio se utilice para hacer proselitismo político electoral y dispone que el Gobierno nacional reglamentará su remuneración y modalidades.
Por lo anterior es previsible que el progresivo déficit en las incorporaciones para el servicio militar obligatorio, que ya asciende a un 30% desde el año pasado, ocasionado por los anuncios de campaña del entonces candidato Gustavo Petro y a partir de su elección como presidente, se agudizará a tal punto que el déficit entrará en una ruta crítica. En consecuencia, los contingentes de soldados e infantes de marina que se licencien al término de su servicio militar, en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no podrán ser reemplazados sino parcialmente, lo que acarreará ineludiblemente una reducción significativa en su pie de fuerza, en perjuicio de la cobertura territorial y, por ende, de la misión constitucional.
Simultáneamente, cursa en el Congreso de la República el proyecto de Acto legislativo número 12 de 2022, que pretende modificar el artículo 216 de la Constitución Política, en el sentido que “se elimina el servicio militar obligatorio en tiempos de normalidad”. Si bien busca hacerse gradualmente hasta el año 2030, termina habilitando el servicio militar solo de forma voluntaria, a la vez que establece la obligatoriedad del Servicio Social para la Paz, enfocado en trabajos sociales, ambientales y culturales de utilidad pública.
Hay que admitir que las propuestas suenan bien y resultan plausibles, siempre y cuando Colombia transitara en la paz o “normalidad”, para emplear el término utilizado en el Acto legislativo, que al fin de cuentas es un eufemismo para eludir la cruda realidad en que se halla inmerso el país desde hace casi 60 años. Sin lugar a duda, la tendencia mundial es sustituir el servicio militar obligatorio por la profesionalización y seguramente allá llegaremos, pero mientras continúe el persistente conflicto armado interno y la multicriminalidad, alentada principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros fenómenos criminales, se debe tener cordura, prudencia y una adecuada planificación.
Por ello es claro que mientras la aspiración gubernamental de obtener la “paz total” no sea una realidad, resulta inconveniente y peligroso la eliminación del servicio militar obligatorio. No se puede olvidar que gracias a los recursos del plan Colombia se dio paso a la profesionalización de soldados e infantes de marina, en la primera década de este siglo, lo que reforzó el servicio de conscripción y propició que el país dejara de ser un Estado prácticamente fallido y pasara a otro muy fortalecido en diversas áreas. Ello se logró con la fuerte inversión realizada en seguridad, como respuesta a la alta intensidad del conflicto y la criminalidad que penetró el aparato estatal.
De ahí que más allá de la eliminación constitucional del servicio militar obligatorio, lo que urge en las circunstancias actuales, es una transformación que permita pasar del actual sistema mixto de conscripción y profesionales, a un sistema completamente profesionalizado de voluntarios. La fórmula está dada, pero cuesta mucho más, de manera que el factor económico y la voluntad política son los principales obstáculos. Por consiguiente, para que sea realizable y se pase de los discursos e iniciativas a las ejecutorias o acabativas, demanda lo uno y lo otro, acompañado de una política de Estado en seguridad y defensa que no esté al arbitrio de los gobiernos de turno, sino que determine el derrotero estratégico a seguir y permita trascender periodos presidenciales.
¿Cómo se implementa? Para avanzar en la solución de la problemática planteada, es imperativo parar el actual régimen de soldados e infantes de marina profesionales y comenzar otro similar, pero de voluntarios a contrato definido con un mínimo de 3 años y máximo de 7 años. Es decir, respetando las conquistas laborales que están protegidas jurídicamente, de tal suerte que quienes ingresaron hasta el día anterior de iniciarse el nuevo sistema de voluntarios y los que ya están como profesionales, seguirán pensionándose hasta que en 20 años lo hagan los últimos que ingresaron. En otras palabras, quienes van entrando reemplazan a los que pasan a la reserva, con el fin de mantener la planta existente de unos 86 mil soldados e infantes de marina profesionales.
Al mismo tiempo, por ser un sistema de transición, no solo mantiene la planta de los profesionales que se van pensionados, sino que paulatinamente la incrementa en la proporción anual requerida, para ir reemplazando la planta de los aproximadamente 129 mil soldados e infantes de marina de conscripción o regulares de 18 y 12 meses. Esto se haría mediante el aumento de la incorporación de los nuevos voluntarios a contrato, para sustituir e ir desmontando gradualmente el servicio militar obligatorio.
Obviamente, habrá una reducción del pie de fuerza, la cual es compensada por la calidad, mayor permanencia, aumento de las capacidades y la remuneración económica del nuevo sistema de voluntarios a contrato definido. Todo esto redundará en la eficiencia operacional y la desaparición de las inequidades del servicio militar obligatorio, porque es innegable que generalmente se presentan y por eso ha hecho carrera la expresión que quienes mayoritariamente lo prestan son “los de ruana”.
Finalmente, en términos de impacto, a largo plazo será altamente beneficioso. Por un lado, se elimina el riesgo que entraña el régimen de soldados e infantes de marina profesionales instaurado, en cuanto a que el sistema de pensiones y salud de las fuerzas militares colapse a 2050, como se advierte en los estudios realizados por el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares en esas materias. Por otro lado, se mejoran las capacidades, se acaba con la alta rotación e inexperiencia del servicio de conscripción y se optimiza el talento humano. Además, el nuevo sistema de voluntarios a contrato se convierte en semillero o cantera de los futuros suboficiales y oficiales.
En conclusión, no se trata de eliminar el servicio militar obligatorio de la Constitución, sino de transformarlo gradualmente sustituyéndolo por un sistema de soldados e infantes de marina voluntarios a contrato definido, quienes también suplirán a los actuales soldados e infantes de marina profesionales que no ingresarán más. A la par, el Servicio Social para la Paz no se constituiría en competencia ni talón de Aquiles del pie de fuerza de los efectivos militares, en detrimento de la seguridad del país, sino en su complemento.
No obstante, para lograrlo se precisa de una indoblegable voluntad política, la disponibilidad presupuestal requerida y expedir una efectiva política de Estado en seguridad y defensa. Así las cosas, en manos del gobierno colombiano y el Congreso de la República está la solución.
