La seguridad de las lideresas y defensoras de derechos humanos en la subregión de Montes de María, situada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, enfrenta un grave deterioro debido a la presencia del Clan del Golfo. Así lo advirtió la Procuraduría General de la Nación durante una mesa de trabajo realizada en Cartagena de Indias, en la que se destacó el impacto creciente de este grupo armado ilegal en la zona.
Diana Yolima Niño Avendaño, delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, denunció que la violencia contra estas comunidades se ha intensificado, con amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos en municipios clave como San Onofre y Ovejas, en Sucre, y Carmen de Bolívar y María la Baja, en Bolívar.
La situación ha sido señalada previamente en seis alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, sin que se hayan implementado medidas efectivas para contener la crisis.
Durante la ‘Mesa para la seguridad y protección de lideresas y defensoras de derechos humanos en Montes de María’, Niño Avendaño, urgió a las autoridades nacionales y territoriales a tomar acciones inmediatas de protección y prevención, señalando que la falta de respuesta expone aún más a estas comunidades vulnerables.
«Es fundamental que las autoridades fortalezcan las medidas de seguridad y garantías de no repetición, con el fin de consolidar una respuesta institucional sólida ante el aumento de riesgos en la región», afirmó la delegada.
Las acciones del Clan del Golfo en la zona incluyen extorsiones, amenazas y el control territorial, lo que ha incrementado la presión sobre las lideresas que trabajan en defensa de los derechos humanos. La falta de medidas de protección ha llevado a que se registren múltiples hechos violentos en las últimas semanas.
Tatiana Oñate, delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, y Viviana Mora, delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer, también participaron en la mesa de trabajo, destacando la necesidad de una articulación interinstitucional más efectiva.
Durante el encuentro, se presentó un plan de seguimiento puntual al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades locales, con la advertencia de que su incumplimiento podría derivar en sanciones disciplinarias.
El Ministerio Público subrayó que la situación en Montes de María requiere una atención urgente, pues el incremento de la violencia pone en riesgo no solo a las defensoras de derechos humanos, sino también el ejercicio democrático en la región.
Con esta intervención, la Procuraduría busca asegurar que las garantías de seguridad para estas comunidades se materialicen y evitar así que los derechos humanos sigan siendo vulnerados en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia.
