Luego de mi anterior columna respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena, pude finalmente hablar con Jairo Triviño Pérez y conocer la versión detallada de la tutela que presentara en contra de Dumek Turbay Paz y Alberto Martínez Monterrosa como titulares de la Alcaldía de Cartagena y la Secretaría de Educación Distrital (SED), respectivamente.
- La tutela (Licitación LP-SED-004–2024)
Lo primero que me aclaró fue que el video solicitado en su petición correspondía era al contrato LP-SED-004–2024 (firmado el 22Ene2025) y no al LP-SED-001–2024 (firmado el 23Abr2024). El problema es que hubo un error tipográfico en el documento de la demanda que él presentó, el cual fue rápidamente corregido.
Me explicó que la audiencia de la licitación del proceso licitatorio LP-SED-004–2024 se llevó a cabo en diciembre del año pasado, cuyo video es el que el alcalde y el secretario de Educación no han querido entregar.
Habiéndome puesto en contexto, Triviño confirmó que sí había enviado el escrito de fecha 09Abr2025 al Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, en donde le aclara a ese despacho que es falso que la Alcaldía de Cartagena y la SED le hubiera enviado el video sin editar de la audiencia de la licitación y, por consiguiente, seguían en desacato por no cumplir con los fallos de primera y segunda instancia que los conminan a suministrar el video (hacer clik aquí para ver las actuaciones del proceso de tutela). No le queda otra opción al juzgado sino pronunciarse al respecto durante esta semana.
La Denuncia (Licitación LP-SED-001–2024)
El bonus track de la conversación con Triviño fue que me contó que la licitación LP-SED-001–2024 también tuvo inconvenientes. Y que por eso, desde el 01Jul2024, hay una denuncia en la Fiscalía 03 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cartagena, a cargo del fiscal Laureano José Gómez García. La denuncia, con número radicado 130016001128202421839, fue presentada por Carlos Enrique Martínez Carrascal (hacer clik aquí para ver las actuaciones del proceso de denuncia).
Dicha licitación tuvo tres oferentes/proveedores: Unión Temporal (UT) PAE Avanzar, UT Bapacop-CNG y UT Bienestar Colectivo. El 16Abr2024, el informe de selección informó que la propuesta ganadora era la de UT Bienestar Colectivo, cuya oferta fue por $$38.507.184.300.
La UT Bienestar Colectivo está conformada por: Fundación Bienestar Colectivo — Funbiencol (NIT 901.208.446), Nutrir el Futuro SAS — Nutrifut (NIT 901.573.611) y la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de Arache — Asoparache (NIT 901.146.963).
El documento de denuncia de Martínez Carrascal inicia cuestionando la emergencia educativa declarada por la administración Turbay con la que, a través de un convenio a principios del 2024, se le adjudicó el PAE a la Fundación Banco de Alimentos Paz con Propósito (Bapacop), quien fuera el operador del año 2023 (leer ‘Con urgencia manifiesta, Turbay garantiza PAE, aseo y transporte desde el primer día de clases’).
En la denuncia también se menciona la ausencia de un análisis de costo estructurado para determinar el valor del contrato, por lo cual se solicitan evidencias que dicho análisis fue realizado.
Carlos Martínez continúa alegando que la Unidad Asesora de Contratación del Distrito de Cartagena (UAC) inicialmente había inhabilitado tanto a UT Bienestar Colectivo como a UT PAE Avanzar. Es decir que el único proponente habilitado era UT Bapacop-CNG.
Sin embargo, durante la audiencia de la licitación surgieron serios cuestionamientos acerca de la documentación presentada por UT Bapacop-CNG (que, según el denunciante, fueron básicamente los mismos documentos presentados en el 2023 y en el convenio de 2024).
Por esto, la UAC suspendió la audiencia momentáneamente. Al regresar del receso, la UAC presentó un nuevo informe de evaluación en donde decidió: (i) seguir inhabilitando a UT PAE Avanzar, (ii) inhabilitar a UT Bapacop-CNG y (iii) habilitar a UT Bienestar Colectivo, arguyendo que las bodegas de esta unión temporal sí cumplían.
De lo primero, Martínez Carrascal increpó acerca de cómo fue posible entonces que la Alcaldía de Cartagena hubiera firmado un convenio con Bapacop para operar el PAE a inicios del 2024 si a la hora de licitar este nuevo contrato no cumplían.
- Por otra parte, del hecho de haber habilitado a UT Bienestar Colectivo, se advierte en la denuncia que:
«¿Cómo fue esa visita express a sus instalaciones para constatar que dichas instalaciones que están ubicadas en la zona industrial de Mamonal, zona franca la candelaria, donde se evidencie la forma de entrada y salida de personal que labora en dichas instalaciones? (Esta pregunta la hacemos ya que es una zona franca y tiene limitaciones en los accesos).
¿Dónde están ubicados los cuartos de congelación y refrigeración, estado de los pisos, paredes, techos, suministro de canastillas, estibas, basculas, carros transportadores, equipos de urgencias, equipos de seguridad, ubicación de las oficinas administrativas, ubicación de las zonas de lavado y desinfección?
¿Quién o quienes realizaron esa visita para habilitar esa unión temporal en un segundo informe de evaluación? (Solicitamos evidencias de ese informe y que los entes de control puedan verificar)» (sic).
De acuerdo a la póliza de seriedad de la oferta, la dirección operativa y administrativa registrada por la UT Bienestar Colectivo es ‘Mamonal, Zona Franca La Candelaria, Acceso 1 Bodega G 54’ (ver también documento de la bodega); algo que Martínez también cuestiona:
«Pero extrañamente acudimos como ciudadanos en ejercicio a dicha dirección y esta UT NO funciona en esta dirección, ante lo cual estamos en una presunta violación al código penal: falsedad de documento privado para acceder a un contrato público que configuraría presuntamente la celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales» (sic).
De igual manera se devela que, a los pocos días de haber sido adjudicado el contrato, UT Bienestar Colectivo había trasladado sus operaciones al Centro Industrial de Bayunca (Bolívar), el cual es «un lugar totalmente distinto al aprobado […] y en donde casualmente funcionó el otro oferente habilitado y luego inhabilitado, UT BAPACOP-CNG»; de lo que Carlos Martínez presume que las bodegas inicialmente aprobadas no eran aptas para la operación de este tipo de contratos.
Menciona además que las zonas francas tienen restricciones de acceso. Asimismo, se plantearon algunos interrogantes acerca de (i) cómo se manejan los alimentos para este tipo de contratos en una zona franca, (ii) quiénes conforman el equipo multidisciplinario de la UAC que habilitó el uso de esas instalaciones en la zona franca, (iii) quiénes autorizaron el traslado de las bodegas de la zona franca La Candelaria al Centro Industrial de Bayunca.
Solo espero que, durante Semana Santa, Jesucristo haya tocado el corazón del camandulero Turbay para que se apiade de Triviño y finalmente le entregue el video.
Por otro lado, leyendo los argumentos y pruebas presentadas por Carlos Martínez en la denuncia, creo que el fiscal Laureano Gómez tendría todos los elementos para imputar cargos sin más dilaciones.
Muchas son las anomalías en estos dos procesos de licitación del PAE, por lo que es casi imposible no traer a colación el caso de ‘Luis Cassiani, el concejal del medio huevo’ en el año 2016.
Habrá nuevamente que recordarles a los funcionarios cartageneros que la alimentación de los niños es sagrada. Insisto en preguntar: ¿Qué esconden el alcalde y el secretario?
- Ñapas | La semana pasada presenté dos denuncias:
· Además de la denuncia ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, coloqué otra ante el Ministerio del Trabajo en contra de Juan Felipe Lorduy Eljach y su antiguo empleador Juan Carlos Ramos Santamaría por el caso de la certificación laboral.
· Otra ante la Fiscalía General de la Nación en contra del secretario de Infraestructura de Cartagena, Wilmer Iriarte Restrepo, por el Contrato LP-SID-001–2024. En mi próxima entrega daré más detalles.
