Siempre le dije a algunos conocidos que tuvieran paciencia, ya que sería cuestión de tiempo para que la administración Turbay implosionara. Cada vez son más repetidas las casualidades, subterfugios y mentiras.
Y, pese a lo escandaloso de todo lo que se ha venido desenmascarando (y lo que está aún por destaparse), parece que culturalmente los cartageneros han normalizado una serie de conductas que en otras latitudes son ni siquiera imaginables. Como colombiano y cartagenero viviendo en el exterior, nunca dejaré de preguntarme el porqué de esa fascinación que tenemos con el dinero fácil y mal habido, o esa inclinación por la trampa o los atajos, o esa tendencia de siempre tener una excusa para todo.
Fíjense, en solo unos pocos días se han develado: (i) el asunto de las cámaras de seguridad que expusiera el equipo de Tejiendo Democracia (ver video); (ii) las irregularidades del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) en la asignación de un estímulo de $15 millones a la contratista del Distrito de Cartagena Jessica De La Barrera Cabeza (contratos CD-GEPM-2864-2025, CD-GEPM-4973-2024 y CD-GEPM-2448-2024) que diera a conocer el concejal Javier Julio Bejarano (ver video); y (iii) una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, derivada del contrato LP-SID-004-2024, en contra de los secretarios Wilmer Iriarte Restrepo y María Porras Mendoza por las conductas punibles de contrato sin el lleno de requisitos legales y prevaricato por omisión.
Pues bien, como si no fuera suficiente con lo anterior, ahora aparece un nuevo episodio para cerrar la semana con broche de oro. En las últimas horas se ha conocido un caso similar al del ‘contratista fantasma’ de la Alcaldía de Cartagena, Amílkar Venecia Barrios.
Varias publicaciones en las redes sociales tanto del Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe (IDACCC) como de la misma Patricia Zapata Negrete dan cuenta de que esta actualmente funge como subdirectora de participación ciudadana de esta entidad pública que se encarga «de promover el fortalecimiento de las organizaciones comunales, impulsando el desarrollo social y comunitario en la región con programas y servicios enfocados en la participación ciudadana y el bienestar colectivo».
Recordemos que, en septiembre de 2020, se conocería a nivel nacional la noticia acerca de la sanción que le impondría la Procuraduría General de Nación (PGN) a la ex-alcadesa de la Localidad Industrial y de la Bahía de Cartagena durante el periodo de Manolo Duque, Patricia Zapata Negrete, quien fue inhabilitada inicialmente por diez años para ejercer cargos públicos. La razón: irregularidades en la contratación de obras por más de $2 mil millones, al desconocer «los principios de selección objetiva y transparencia al aplicar de manera injustificada la figura de la contratación directa, lo cual fue considerado por el Ministerio Público como como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima».
El fallo fue apelado por Zapata Negrete y se fue a segunda instancia donde se revocaría. Sin embargo, el expediente de los antecedentes disciplinarios de la PGN consultado ayer, 24 de abril de 2025, registra que la exalcaldesa local estaría inhabilitada para contratar con el Estado y desempeñar cargos públicos por cinco años contados a partir del 17 de octubre de 2024 (Ley 1952 de 2019, artículo 42, parágrafo 1), debido a un proceso de responsabilidad fiscal que cursa en la Contraloría General de la República. De hecho, el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) reporta que el citado proceso de responsabilidad fiscal en contra de Zapata Negrete es por la suma de $532.467.414,58.
Ahora bien, el Concepto 269841 de 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública reza que: «[…] quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los 5 años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente, inhabilidad que cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales […]» (sic).
Y continúa diciendo el Concepto que: «Del texto de la norma se infiera que lo que genera la inhabilidad es la declaración administrativa, de que una persona es responsable fiscalmente […] La decisión administrativa de sanción fiscal, debe ser incluida en el Boletín de Responsables Fiscales, y lo que genera la inhabilidad es el fallo administrativo en firme […] Ahora bien, si quien ha sido declarado responsable fiscalmente no ha pagado la suma establecida en el fallo ni ha sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años […]» (sic).
Los documentos de antecedentes de la PGN y SIBOR, citados anteriormente, fueron consultados ayer 24 de abril al final de la tarde.
De lo anterior es ineludible plantearse los siguientes interrogantes:
- ¿Por qué si Patricia Zapata Negrete estaría inhabilitada por un proceso de responsabilidad fiscal se encuentra laborando en una entidad estatal?
- ¿Bajo qué modalidad está vinculada Patricia Zapata Negrete al IDACCC como subdirectora de participación ciudadana? (p.ej., ver documento de estudios previos del contrato CPS-IDACCC-071-2025)
- ¿Patricia Zapata Negrete ya hizo el pago de la millonaria deuda? Y si lo hizo, ¿Cuándo lo hizo y por qué aún aparece reportada?
- ¿Quién o quiénes en la administración Turbay se encargaron de hacer los procesos de revisión de los requisitos y documentación de nombramientos y contratos?
La ciudadanía cartagenera necesita una explicación a esta anomalía, que incluso comportaría varias conductas punibles y disciplinables que eventualmente necesitarán ser denunciadas.
