La política es, ante todo, el arte de comunicar. Las palabras, los gestos y los silencios configuran el ADN del liderazgo. Por eso, cuando un presidente de la República, en ejercicio de su investidura, decide utilizar una expresión como “HP” (no siendo precisamente su significado el de Honorable Parlamentario) para referirse al presidente del Senado, no estamos ante un simple exabrupto de tarima. Estamos, más bien, ante la normalización de un estilo de comunicación agresivo, grosero y, peor aún, desinstitucionalizador.
Los hechos son claros: durante una intervención pública reciente, el presidente Gustavo Petro calificó de “HP” al senador Efraín Cepeda, líder actual del Congreso, en el marco de una arremetida verbal contra la oposición a su reforma pensional. Aunque luego intentó matizar su declaración, alegando que se refería al “gobierno” y no al senador, el daño ya estaba hecho. No solo porque la expresión utilizada fue ofensiva y evidente en su contexto, sino porque reflejó una actitud preocupante de intolerancia frente a la crítica y el disenso.
La reacción fue inmediata. Desde la oposición, congresistas como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y David Luna denunciaron el uso indebido del lenguaje presidencial, advirtiendo que se cruzaron los límites del debate democrático. Incluso voces moderadas dentro del legislativo manifestaron su preocupación por el deterioro del lenguaje político y el respeto entre poderes.
Pero lo más alarmante no fue solo el insulto. Luego del improperio, los videos que circularon en redes sociales mostraron a varios ministros del despacho (auténticos áulicos del presidente) riéndose con complicidad ante el exabrupto. En lugar de expresar indignación o llamado al respeto institucional, se sumaron a la burla, validando así el irrespeto desde la cima del poder. ¿Qué se puede esperar entonces de personajes como Armando Benedetti, cuya trayectoria política ha estado marcada más por el escándalo que por la sensatez?
Y es que no se trata solo de una grosería. Se trata de lo que representa: una degradación del tono institucional, una falta de decoro en la función presidencial, y una peligrosa señal hacia la ciudadanía. ¿Qué autoridad moral tiene un mandatario que exige respeto a sus políticas, pero lanza insultos públicos desde una tarima, amparado en la popularidad momentánea? ¿Con qué cara se pide reconciliación y unidad nacional, mientras se divide al país entre “los buenos y los HP”?
Esta no es la primera vez que el presidente Petro utiliza un lenguaje polarizante. Desde su llegada al poder, ha calificado a críticos como “mafiosos”, “enemigos del cambio” o “sicarios del capital”, “muñecas de la mafia” o “nazistas” Pero el episodio con Cepeda va más allá: legaliza, por así decirlo, el insulto como herramienta de combate político. Lo vuelve parte del repertorio oficial del Ejecutivo.
Paradójicamente, este incidente ocurre días después de que el excanciller Álvaro Leyva enviara una carta pública cuestionando el rumbo del gobierno. Una carta que, sin ser perfecta, reflejaba una preocupación legítima por la deriva ética y política de esta administración. ¿Será que el presidente ha perdido el equilibrio entre la pasión ideológica y la responsabilidad del cargo? ¿Será que, como muchos temen, se le han cruzado los cables al punto de acercarse peligrosamente a un corto circuito institucional?
Y aquí conviene plantear una reflexión que ya muchos se hacen en voz baja: ahora sí es verdad que se necesita que al presidente le hagan un examen psiquiátrico. Porque si insultar públicamente a la cabeza del Congreso no es una señal de alarma, ¿Qué puede seguir después? ¿No vaya y sea que en un arranque de furia ordene “echarle bala” a la oposición? Su pasado guerrillero, que creíamos superado, se asoma en su presente con actitudes que inquietan y hacen recordar los días más oscuros del radicalismo armado.
El riesgo es grande. El ejemplo que se da desde la Presidencia se proyecta a la sociedad. Si insultar desde la cumbre del poder se vuelve normal, ¿Qué podemos esperar en las calles, en las redes, en los espacios democráticos? ¿Estamos preparados para una política del improperio como regla y no como excepción?
Colombia no necesita un presidente que eleve la voz para ofender, sino uno que escuche y dialogue. Que lidere con firmeza, sí, pero también con respeto. Petro aún está a tiempo de corregir, de bajar el tono, de demostrar que puede ser un estadista y no solo un activista con micrófono. Pero para eso debe entender que el poder se ejerce con responsabilidad, y que las palabras, cuando se disparan con rabia, hieren más que cualquier bala. Esto nos hace estar más prevenidos para el 2026.
