Cartagena de Indias atraviesa, una vez más, una tormenta política que trasciende el debate coyuntural y se instala en el corazón mismo de la sostenibilidad institucional. La controversia desatada por el empresario y docente Uriel Alfonso de Arco Paternina contra el alcalde Dumek Turbay Paz no es simplemente un cruce de acusaciones: es una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo, el uso del crédito público y el horizonte fiscal de la ciudad.
La acusación central es grave: que la actual administración habría llevado al Distrito a un nivel de endeudamiento cercano a 1,5 billones de pesos, comprometiendo la estabilidad financiera durante al menos tres lustros. En términos económicos, el cuestionamiento apunta a una posible tensión con el principio de sostenibilidad intertemporal: ningún gobierno puede, de manera prolongada, expandir el gasto por encima de los ingresos estructurales sin enfrentar, tarde o temprano, ajustes vía mayores tributos, reducción de inversión o deterioro del balance fiscal.
El alcalde ha defendido su gestión bajo la premisa de haber recibido una ciudad rezagada, con brechas históricas en infraestructura y déficit en inversión social. Su narrativa se apoya en una ejecución intensiva de obra pública que —según cifras oficiales— ha dinamizado el empleo y revitalizado sectores estratégicos de la economía local. Desde esa óptica, el crédito no sería una temeridad, sino un instrumento legítimo de política pública para acelerar el desarrollo urbano.
Sin embargo, la crítica no se centra únicamente en la magnitud del endeudamiento, sino en su estructura. Los señalamientos advierten que la curva de amortización podría generar un “cuello de botella” financiero a partir de 2028, cuando el servicio de la deuda presione con mayor fuerza el presupuesto distrital. Si ello coincide con una desaceleración de los ingresos corrientes o una menor dinámica económica, el margen de maniobra fiscal se reduciría drásticamente.
La discusión, por tanto, no es meramente contable; es política y estratégica. ¿Se trata de una apuesta calculada para cerrar brechas históricas en un lapso concentrado, asumiendo el costo fiscal de largo plazo? ¿O estamos frente a un ciclo expansivo artificial sustentado en deuda que, al agotarse, dejaría a la ciudad con restricciones estructurales?
A ello se suma un elemento incómodo: la trayectoria previa del propio mandatario en cargos departamentales y distritales. Sus detractores plantean una pregunta incómoda pero legítima en democracia: si Cartagena fue heredada en condiciones críticas, ¿Qué grado de corresponsabilidad tuvieron quienes han transitado durante años por los espacios de poder regional como el mismo Turbay?
En el plano macroeconómico, el dilema es clásico: la deuda puede ser una herramienta poderosa cuando financia activos productivos que elevan la capacidad de generación de ingresos futuros. Pero se convierte en un riesgo cuando la expansión del gasto no está respaldada por un incremento sostenible de los ingresos estructurales. El problema no es el crédito per se, sino la relación entre retorno social de la inversión, cronograma de pagos y resiliencia fiscal.
Más allá de las cifras, lo que se juega es la confianza institucional. Si la apuesta resulta exitosa, Cartagena podría experimentar una transformación urbana acelerada con efectos multiplicadores de largo plazo. Si fracasa, el próximo gobierno heredaría un presupuesto rígido, atado al servicio de la deuda y con menor capacidad para financiar políticas sociales.
El debate apenas comienza y exige transparencia técnica, información pública verificable y un diálogo político desprovisto de simplificaciones. Ni el alarmismo fiscal ni la euforia inversionista ofrecen respuestas suficientes por sí solos.
Cartagena enfrenta una encrucijada histórica: definir si la deuda actual es palanca de desarrollo estratégico o una carga que comprometerá generaciones. El veredicto no se dictará en el discurso político de hoy, sino en la solidez de las finanzas públicas cuando llegue la hora de pagar la cuenta.
