La destrucción de 38 infraestructuras ilícitas y la incautación de más de ocho toneladas de insumos debilitan las finanzas de estructuras armadas organizadas en Nariño y Cauca.
En el marco de operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales contra el narcotráfico, la Armada de Colombia desmanteló 37 laboratorios destinados a la producción de pasta base de coca y una infraestructura adicional para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, impactando de manera directa las economías ilícitas que sostienen al crimen transnacional en el Pacífico sur colombiano.
Las acciones militares se desarrollaron de forma simultánea en los municipios de El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño, así como en Guapi, López de Micay y Timbiquí, en el departamento del Cauca.
El despliegue fue liderado por unidades tácticas de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, en una ofensiva sostenida orientada a proteger a la población civil, consolidar la seguridad territorial y preservar los ecosistemas estratégicos del litoral Pacífico.
Durante las operaciones fueron incautados 6.427 galones de insumos líquidos y 2.065 kilogramos de insumos sólidos empleados en el procesamiento de estupefacientes. La destrucción controlada de estas estructuras clandestinas no solo interrumpió la cadena de producción de alcaloides, sino que generó una afectación económica superior a 280 mil dólares a las organizaciones criminales.
De acuerdo con información de inteligencia naval, los complejos ilícitos pertenecerían al Grupo Armado Organizado residual (GAOR) “Coordinadora Guerrillera – Segunda Marquetalia” y al Bloque Occidental “Jacobo Arenas”, estructuras que financian su accionar a través del narcotráfico y orientan sus actividades delictivas contra la Fuerza Pública, la población civil y las comunidades del Pacífico sur nariñense.
Este golpe estructural reduce de manera significativa su capacidad logística, operativa y de expansión territorial, limitando su margen de maniobra en corredores estratégicos para el tráfico de estupefacientes.
La erradicación de estos enclaves ilegales también representa un avance en la protección ambiental. Según estimaciones operacionales, cada laboratorio implica la deforestación de más de una hectárea de recursos naturales, además de la contaminación de suelos y fuentes hídricas por el vertimiento indiscriminado de residuos químicos altamente tóxicos.
Con la neutralización de estas infraestructuras, se mitiga el deterioro ambiental en zonas de alta biodiversidad y se protege el equilibrio ecológico de una de las regiones más sensibles del país.
Con estos resultados, la Armada de Colombia reafirma su estrategia de presión constante sobre las economías ilegales que alimentan el crimen organizado transnacional. Las operaciones en el Pacífico colombiano continuarán de manera sostenida, con el propósito de desarticular estructuras criminales, fortalecer la seguridad territorial y garantizar la presencia legítima del Estado en regiones históricamente afectadas por la violencia y el narcotráfico.
