La recuperación de 47 novillos reportados como hurtados en el municipio de Galeras, Sucre, no solo activó un operativo interdepartamental de la fuerza pública, sino que dejó al descubierto preocupaciones sobre los mecanismos de control y trazabilidad del ganado en la región Caribe.
El caso se conoció en la mañana de este 27 de febrero, cuando fue denunciada la desaparición de los semovientes de la finca Cantamono, propiedad del ganadero Javier Romero Sierra. La alerta fue trasladada de inmediato a autoridades civiles, militares y policiales, así como al presidente de FEGASINCE, lo que generó reacción institucional y alarma en el sector productivo.
En cuestión de horas se articuló un dispositivo conjunto con participación de Ejército, Armada y Policía Nacional, incluyendo unidades con jurisdicción en Sucre, Bolívar y Córdoba. Las labores iniciales se concentraron en la finca afectada y posteriormente se extendieron hacia el sur de Bolívar, en un intento por reconstruir la posible ruta de movilización. El despliegue culminó con la ubicación de los 47 novillos en el municipio de Nueva Granada, Magdalena, a varios kilómetros del lugar donde fueron reportados como sustraídos.
Más allá de la recuperación del ganado, el episodio abrió interrogantes clave:
- ¿Cómo fueron trasladados 47 animales entre departamentos sin una alerta temprana efectiva?
- ¿Contaban con guías de movilización?
- ¿Existió una transacción comercial previa o posterior a la denuncia?
Al cierre de esta información, no existe confirmación oficial sobre la fecha y hora exacta en que ocurrió el robo. Las versiones conocidas durante el día han sido contradictorias, lo que añade complejidad al caso.
Fuentes preliminares indican que el propietario estaría dialogando con otro ganadero que presuntamente habría adquirido los animales. De confirmarse, el proceso investigativo deberá establecer si se trató de una compra irregular, una transacción de buena fe o un hurto seguido de comercialización.
Este elemento convierte el caso en algo más que un simple robo rural: podría tratarse de un problema estructural en los controles de comercialización y movilización de ganado.
Aunque la fuerza pública destacó la rápida articulación interinstitucional, el episodio vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad del sector ganadero frente al abigeato y las limitaciones en los sistemas de trazabilidad. El gremio insiste en que, si bien existe capacidad de reacción, la prevención sigue siendo el eslabón más débil en varios municipios de la región.
La investigación continúa para establecer responsabilidades penales, verificar la legalidad de cualquier transacción y determinar si hubo fallas en los controles administrativos de movilización. El caso permanece abierto y bajo seguimiento de las autoridades competentes.
