La apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de 2026 en Cartagena de Indias no solo marca el inicio de un nuevo ciclo legislativo. Marca, sobre todo, una prueba de independencia institucional. Y hasta ahora, los antecedentes no invitan al optimismo.
El alcalde Dumek Turbay llega al Concejo con siete proyectos que combinan subsidios sociales, obras de infraestructura, declaratorias culturales y ajustes administrativos. El paquete está cuidadosamente estructurado: iniciativas con alto impacto simbólico y social que resultan políticamente atractivas y difíciles de rechazar en el debate público. Sin embargo, el verdadero problema no está en los anuncios, sino en la dinámica política que los rodea.
En los últimos meses, el Concejo ha aprobado proyectos polémicos del Ejecutivo con una fluidez que despierta más preguntas que aplausos. La sensación creciente en la opinión pública es que la corporación ha optado por la complacencia antes que por el control político riguroso. Y cuando el control desaparece, la democracia local se debilita.
La tarifa diferencial en Transcaribe, por ejemplo, es socialmente defendible. Pero el debate de fondo no puede agotarse en el aplauso inmediato. ¿De dónde saldrán los recursos sostenibles para subsidiar el sistema? ¿Qué ajustes estructurales se harán para evitar que el alivio de hoy se convierta en déficit mañana? Si el Concejo aprueba sin exigir estudios técnicos robustos y proyecciones financieras claras, estará hipotecando el equilibrio fiscal a cambio de réditos coyunturales.
En infraestructura ocurre algo similar. El Puente de Las Palmas y el alcantarillado de República del Caribe son intervenciones necesarias. Pero Cartagena tiene un historial doloroso en materia de obras públicas: sobrecostos, retrasos, contratos cuestionados y ejecución deficiente. La función del Concejo no es facilitar cheques en blanco; es blindar los procesos. Cada autorización presupuestal debe ir acompañada de cronogramas verificables, esquemas de vigilancia y cláusulas de transparencia.
La declaratoria patrimonial de las Fiestas de Independencia y la creación del SIFAC consolidan un relato cultural que fortalece la narrativa del gobierno. Pero incluso las políticas simbólicas requieren estructura, financiación y seguimiento. Sin eso, se convierten en instrumentos de marketing institucional más que en políticas públicas transformadoras.
El punto crítico no es la naturaleza de los proyectos. Es la relación política que los sustenta. Cuando un Concejo aprueba sin mayor resistencia iniciativas complejas y financieramente exigentes, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si existe un debate real o simplemente una mayoría alineada.
Cartagena no puede permitirse un Concejo que funcione como notaría del Ejecutivo. El control político no es obstaculización; es garantía de transparencia. No es oposición automática; es equilibrio de poder. La gobernabilidad sólida no se construye sobre unanimidades cómodas, sino sobre debates serios que fortalecen las decisiones finales.
El alcalde Dumek Turbay enfrenta el reto de demostrar que su manejo de los recursos públicos soporta escrutinio técnico y político sin fisuras. Y el Concejo enfrenta uno aún mayor: demostrar que su respaldo no es incondicional, sino responsable. Porque cuando todos parecen convencidos, cuando no hay preguntas incómodas ni debates profundos, la ciudad corre el riesgo de quedarse sin contrapesos. Y sin contrapesos, el poder se concentra.
El periodo apenas comienza. La verdadera prueba no será cuántos proyectos se aprueben, sino cuántas preguntas se formulen antes de levantarse la mano.
