Colombia vuelve a enfrentarse a una escena que, lejos de cerrar el capítulo del conflicto, reabre preguntas de fondo. Antiguos comandantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para reconocer responsabilidad en algunos de los crímenes cometidos durante décadas de confrontación armada.
Se trata de los mismos exjefes guerrilleros que, tras el acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, accedieron a curules en el Congreso con garantías de seguridad y participación política. Hoy, varios de ellos admiten hechos que durante años fueron minimizados o enmarcados dentro de la narrativa de la “lucha revolucionaria”.
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un acto auténtico de contrición o frente a una jugada estratégicamente calculada?
La justicia transicional se sustenta en tres pilares: verdad, reparación y garantías de no repetición. Sin reconocimiento de responsabilidad no hay posibilidad real de reconciliación. Sin embargo, el momento político en que se producen estas admisiones no puede analizarse de manera aislada. El país entra nuevamente en un ciclo preelectoral en el que la paz, la legitimidad del acuerdo y el modelo de justicia transicional vuelven al centro del debate público.
Durante décadas, miles de colombianos padecieron secuestros, reclutamiento forzado de menores, atentados, masacres y desplazamientos. Las víctimas escucharon explicaciones que relativizaban el daño o lo diluían en la lógica del conflicto. Hoy, en un escenario donde la opinión pública es más crítica y el capital político del acuerdo enfrenta cuestionamientos, aparecen confesiones parciales, cuidadosamente estructuradas y jurídicamente asesoradas.
No se trata de restar valor al reconocimiento de responsabilidad. La verdad, incluso tardía, siempre será necesaria. Pero el país tiene derecho a preguntarse por su alcance y motivación. ¿Es una admisión integral que asume la dimensión moral del daño causado? ¿O responde, principalmente, a la necesidad de preservar beneficios jurídicos y fortalecer proyectos políticos vinculados al proceso de paz?
En política, los tiempos rara vez son fortuitos. Las comparecencias ante la JEP no ocurren en el vacío: se dan en medio de una disputa por la narrativa histórica y por el rumbo institucional del país. En ese contexto, el reconocimiento de culpas puede operar también como herramienta de legitimación.
Llama la atención el cambio de tono. Durante años predominó la tesis de la “responsabilidad compartida” y la justificación de los hechos como consecuencia de una guerra prolongada. Hoy el discurso incorpora con mayor frecuencia términos como “dolor”, “víctimas” y “reconocimiento”. El giro es significativo, pero la sociedad —y, sobre todo, quienes sufrieron directamente la violencia— exige algo más que ajustes retóricos.
La reconciliación no puede edificarse sobre cálculos coyunturales. Si el arrepentimiento es genuino, deberá traducirse en aportes sustanciales a la verdad plena, en reparación efectiva y en actos concretos que evidencien un compromiso inequívoco con la no repetición. De lo contrario, persistirá la percepción de que se trata de una operación de imagen sincronizada con el calendario político.
Colombia necesita justicia con verdad verificable, no gestos oportunos. El arrepentimiento auténtico no depende de la coyuntura electoral ni de la conveniencia estratégica. Se demuestra en la coherencia sostenida, en la asunción completa de responsabilidades y en el respeto real por las víctimas. Todo lo demás, aunque se presente como expiación, corre el riesgo de ser simplemente estrategia.
