La situación del sector ganadero en el municipio de San Pedro alcanzó un nuevo punto crítico tras una reunión de seguridad que dejó en evidencia un problema estructural: la combinación de delincuencia rural persistente y debilidades institucionales que están afectando de forma directa la productividad y sostenibilidad del campo.
El encuentro se desarrolló en la sede de la Federación de Ganaderos de San Pedro, convocado por su presidente, Alfredo Enrique de la Ossa Steer, y contó con la presencia de mandos de la fuerza pública, representantes del gremio y delegados institucionales, entre ellos el gerente seccional del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Vladimir Peñate.
Fallas del ICA: el cuello de botella productivo
Aunque el objetivo inicial era abordar la seguridad rural, el eje de la discusión giró rápidamente hacia las deficiencias en la prestación de servicios del ICA. Los productores denunciaron fallas recurrentes en el sistema SINIGAN, demoras en la expedición de guías de movilización y una atención al usuario calificada como insuficiente.
Ganaderos como José Mejía Mendoza, Juan de Dios Luna Cijanes y Hernando Cerro Jarana coincidieron en que estas fallas no solo retrasan operaciones comerciales, sino que además los dejan en condición de vulnerabilidad frente a la ilegalidad. Sin guías oportunas, el transporte de ganado se convierte en un riesgo jurídico y operativo, mientras las redes delictivas actúan con mayor agilidad.
- Abigeato y carneo: delitos en expansión
En paralelo, los delitos de abigeato y carneo continúan en aumento en la región. Durante la reunión, productores expusieron múltiples casos recientes sin resolver, lo que evidencia una baja efectividad en la judicialización y recuperación de animales.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de Maryen Rodríguez, del corregimiento de Numancia, quien alertó sobre la escalada de la violencia: los delincuentes han pasado del hurto de animales menores al ganado bovino, elevando el riesgo para las familias rurales.
La percepción generalizada es de impunidad. A pesar de la presencia institucional, los ganaderos aseguran que no hay capturas, ni resultados investigativos concretos, lo que ha debilitado la confianza en las autoridades.
- Respuesta institucional insuficiente
En representación de la fuerza pública, el teniente coronel Eder Steven Muñoz García asumió compromisos para fortalecer la articulación con el gremio, incluyendo la implementación del denominado “plan padrino”, que asignará oficiales de alto rango como enlaces directos en cada zona.
Sin embargo, el anuncio fue recibido con cautela. Para los productores, la clave no está en los compromisos, sino en la capacidad de traducirlos en resultados tangibles que reduzcan los índices delictivos.
- Un problema estructural del campo
Lo ocurrido en San Pedro refleja una problemática más amplia: la coexistencia de delincuencia organizada, fallas operativas en entidades clave y una percepción de abandono estatal. Esta combinación impacta directamente la seguridad alimentaria, la economía regional y la permanencia de los productores en el campo.
La crítica de fondo es contundente: sin instituciones eficientes y sin garantías mínimas de seguridad, cualquier política de desarrollo rural pierde viabilidad en el territorio.
El gremio ganadero plantea medidas inmediatas:
- Reestructuración operativa del ICA en el municipio
- Optimización del sistema SINIGAN
- Expedición ágil de guías de movilización
- Fortalecimiento de inteligencia e investigación contra redes de abigeato
- Judicialización efectiva de los responsables
Los ganaderos no solicitan incentivos extraordinarios. Exigen condiciones básicas: seguridad, eficiencia institucional y garantías para trabajar. De no intervenirse con urgencia, la crisis podría profundizarse, comprometiendo no solo la economía local, sino la estabilidad del sector agropecuario en el departamento de Sucre.
