Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un fiscal seccional y dos integrantes de la Policía Nacional de Colombia, señalados de participar en un esquema de presunta extorsión relacionado con la aprehensión irregular de mercancía.
La decisión judicial se produjo a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que investiga a Leopoldo Eduardo Montes Dávila, fiscal seccional, y a los patrulleros Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, adscritos a la Sijín de Santa Marta.
Según la investigación, los funcionarios habrían interceptado el 24 de enero un tractocamión en inmediaciones de Bosconia que transportaba 15 motores importados desde la zona portuaria con destino a Medellín. El vehículo fue inmovilizado y trasladado a un parqueadero bajo el argumento de una posible relación con delitos de narcotráfico y contrabando.
Al día siguiente, el fiscal Montes Dávila habría emitido un oficio ordenando que el automotor y la carga quedaran a disposición de su despacho. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el caso no era de su competencia y que, para aparentar legalidad, las actuaciones fueron incorporadas a un proceso distinto ya existente.
De acuerdo con los elementos probatorios, el propietario de la mercancía fue contactado por los implicados, quienes presuntamente le exigieron inicialmente 300 millones de pesos a cambio de devolver los motores, cifra que posteriormente habría sido reducida a 100 millones.
Una fiscal delegada ante tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los tres procesados el delito de concusión. Adicionalmente, al fiscal Montes Dávila se le formuló el cargo de prevaricato por omisión agravado.
El caso se enmarca en los esfuerzos de las autoridades colombianas por combatir la corrupción dentro de las instituciones judiciales y de seguridad, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso indebido del poder público en procedimientos relacionados con control aduanero y lucha contra el contrabando.
