Lo vendieron como un logro. En realidad, es el retrato de una administración que celebra lo mínimo como si fuera extraordinario. El martes 31 de marzo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, junto a sus portales aliados —incluido, por supuesto, El Universal— montó un show mediático alrededor de algo que dista mucho de ser motivo de orgullo. La “gran noticia”: el embarcadero de Playa Blanca, rebautizado por los cartageneros como el ‘Embarcadero Temu’, había sido reconstruido por un generoso contratista cercano al mandatario, y que ahora —según dicen— sí resistirá los frentes fríos. El chiste, en efecto, se cuenta solo.
El cinismo es la marca registrada del alcalde y sus acólitos. Pero en esta ocasión no voy a referirme a la parte técnica de ese bodrio de estructura; lo haré en detalle en otra entrega. Hoy lo que quiero recordarles a los cartageneros es que esos embarcaderos (licitación LP-SID-005-2024, por un costo inicial de cerca de $6.190 millones) hacen parte de los once contratos que denuncié a mediados de 2025 ante la Fiscalía por varias conductas punibles, entre las que están: fraude procesal, falsedad en documento público, acuerdos restrictivos de la competencia (colusión), interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.
De los once contratos denunciados, ocho son de la Alcaldía de Cartagena y tres son de la Gobernación de Bolívar. La suma del costo inicial de dichos contratos es de más de medio billón de pesos ($537.775.705.562), de los cuales el 78% corresponden a la despilfarradora administración de Dumek Turbay.
El modus operandi observado en esos procesos licitatorios era siempre el mismo: (a) varios consorcios participantes en una misma licitación, conformados por las mismas empresas una y otra vez; (b) dentro de los consorcios había una de las cinco empresas del denominado ‘Clan Barranqueño’ (Incon SAS, Seinco SAS, ASS Constructora SAS, Quality Constructions SAS y Construlatina SAS); (c) los consorcios tenían típicamente una empresa de alguien cercano o conocido del alcalde Turbay; (d) estas empresas del ‘Clan Barranqueño’ estuvieron desactivadas por mucho tiempo y presentaban balances financieros con anomalías y certificaciones de experiencia laboral supuestamente expedidas por Ecopetrol SA; y (e) los miembros de los comités evaluadores de la Alcaldía y Gobernación nunca vieron nada anómalo.
En mi investigación acerca de la contratación en Cartagena y el departamento de Bolívar, he identificado hasta ahora ocho clanes: Morales, Sedán, Porras, Barranqueño, el de los Sisbenizados, Pavy, Díaz y el de la Chepacorina.
Y se preguntarán, ¿cuál es la relación entre los proyectos del embarcadero de Playa Blanca y el Malecón de Magangué? La respuesta corta es: la empresa Mosel SAS y los Clanes Pavy, Barranqueño y de los Sisbenizados. Presten atención.
En marzo de 2024, la Gobernación de Bolívar de Yamil Arana le adjudicó la licitación LIC-SI-001-2024 al Consorcio La Candelaria por un costo inicial de casi $55 mil millones. El objeto era la «construcción de obras para el control y mitigación de la erosión y del nivel de inundación del margen izquierdo del río magdalena en el municipio de Magangué».
Consorcio La Candelaria estaba conformado por Construcsion SAS y Servicios Industriales Colombianos SAS (Seinco SAS). La primera sociedad es de Diego Álvarez Hernández del Clan Pavy (quien actuó también como representante del consorcio). La segunda es una de las cinco compañías del ‘Clan Barranqueño’, representada por el sisbenizado Gustavo Emilio García Ortiz. Este contrato hace parte de los once que denuncié en 2025.
En diciembre de 2024, la Alcaldía de Cartagena le adjudicó la licitación CMA-SID-007-2024 al Consorcio CC Interventoría, por un valor de más de $450 millones, para realizarle la supervisión a la construcción del Embarcadero Temu. Ambos contratos (construcción e interventoría) están denunciados en la Fiscalía.
Como ya muchos sabrán, el acta de constitución de una de las empresas del Consorcio CC Interventoría (Ingeniería y Mantenimientos SAS) registra como socio a José Gabriel Martínez Miranda, quien es hermano de Alex Martínez Miranda, representante legal de Ingecol SAS que hace parte del consorcio constructor. José Gabriel trabajó para Dinacol SAS, empresa del contratista de la Protección Costera y el Gran Malecón del Mar, de quien es socio Osvaldo Rodríguez Luna, amigo desde hace muchos años de Dumek Turbay.
El 27Mar2026, presenté una ampliación para que se incluyera el doceavo contrato denunciado. Se trata de la licitación LP-SI-004-2022 de la Gobernación de Bolívar durante el periodo de Vicente Blel Scaff, por un costo inicial de $106 mil millones para el «mejoramiento en concreto asfaltico de la vía que conduce del municipio de rio viejo hasta el municipio de Tiquisio». La licitación fue adjudicada el 16May2023 al Consorcio Constru Vías, representado por el infaltable Diego Álvarez Hernández del Clan Pavy y dueño de la empresa Construcsion SAS.
El Consorcio Constru Vías estaba compuesto por Construcsion SAS, Seinco SAS, David Fernando Castro Gaviria y Mosel SAS. Y aquí es cuando todo toma un giro tan inesperado como revelador, ya que mostraría cómo Mosel SAS tiene fuertes nexos comerciales con los Clanes Pavy, Barranqueño y de los Sisbenizados, lo que sugiere que actuarían todos perfectamente coordinados.
Hace poco, La Contratopedia Caribe y Las 2 Orillas publicaron, respectivamente, las columnas ‘El empresario detrás de los $51.353 millones del Malecón de Magangué’ y ‘Un viejo conocido en la contratación en el Caribe se quedó con la construcción del malecón en Magangué’, en donde registraron que, el 26Ene2026, la Gobernación de Bolívar le había adjudicado la licitación LIC-SI-023-2025 al Consorcio Obras Rivereñas Magangué para la «construcción del malecón de todos en el municipio de Magangué» por más de $51 mil millones.
El Consorcio es representado por Eduardo Arturo Eljach Uribe (conocido como ‘Arturito’) y está formado por las empresas Ammes Ingeniería SAS, WCC Group SAS, Constructora Arenas SAS y Servicios y Mantenimientos S&M SAS.
‘Arturito’ no solo es el representante legal de Ammes Ingeniería SAS y Mosel SAS (empresa que tiene el 1% de Ammes Ingeniería SAS), sino también es hermano de Alexi Eljach Uribe, quien fuera sancionado en 2022 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el carrusel de contratación en Cardique (ver comunicado de la SIC aquí y buscar Construcciones Eljach Abdala SAS y a Alexi Eljach Uribe como persona natural).
En Mosel SAS se encuentran también los nombres de Fredis Olimpo Severiche Hoyola y Fredy José Severiche Morales. Fredis y ‘Arturito’ aparecen en documentación de otras dos compañías más: Constructora AAF SAS y Constructora Torres de la Circunvalar SAS.
En el acta de constitución de Constructora Torres de la Circunvalar SAS aparecen como accionistas Mosel SAS, Construcciones, Interventorías y Consultoría SAS y Grupo GEES SAS. El nombre de esta última empresa por sí solo no dice mucho. Y es porque su actual nombre es Coveco de Colombia SAS.
Coveco de Colombia es una de las firmas que componen al Consorcio CC Interventoría, que le hizo la supervisión a la construcción del Embarcadero Temu. ¡Bingo, vaya casualidad! Todos juntitos.
Pero la cosa no acaba ahí. En los registros de Constructora Arenas SAS se encuentran los nombres de Rafael Guillermo Daguer Escobar (contratista de la Alcaldía de Cartagena desde 2024, su más reciente contrato es el CD-DAAL-0462-2026) y Jhoiser Adonis Manjarrez Gari, quien es el representante legal de Constructora Middas SAS y aparece en documentos de la empresa Avantiz SAS. Ambas sociedades hacen parte del ‘Clan de los Sisbenizados’, en el cual aparece también el nombre de Briyan de Jesús Santoya Becerra. Santoya y Daguer tendrían posibles vínculos con Luis Fernando ‘El Tuto’ Majana Pupo, cuñado del alcalde Dumek Turbay.
Todo apunta a que, desde hace años, la multimillonaria contratación en Cartagena y Bolívar no se mueve por azar, sino por un libreto perfectamente aceitado donde los mismos nombres se reciclan sin pudor. Una y otra vez aparecen los mismos apellidos, las mismas fichas, como si el sistema estuviera diseñado para favorecer siempre a los mismos. Y mientras tanto, los entes de control y la justicia observan en silencio, inmóviles, pese a la evidencia que se acumula frente a todos. Aquí no hay casualidades: hay un patrón que se repite… y una impunidad que lo permite.
Mientras tanto, en la práctica, cartageneros y bolivarenses siguen viendo cómo recursos públicos terminan reflejados en obras cuestionadas por su planeación y calidad, muchas de ellas en manos de contratistas recurrentes en la esfera pública local.
La repetición de nombres, los vínculos conocidos y la falta de resultados sostenibles alimentan una percepción cada vez más extendida: que el sistema favorece círculos cerrados más que el interés general. Y aunque serán las autoridades competentes las que determinen responsabilidades, lo cierto es que la confianza ciudadana continúa erosionándose frente a patrones que se repiten año tras año. ¿Ya están entendiendo por dónde le entra el agua al coco? O como decía mi abuela: «que entre el diablo y escoja».
