La Contraloría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación para determinar cómo se invirtieron cerca de mil millones de pesos en los estudios patológicos de construcción de 16 edificaciones en Cartagena donde se ordenó la evacuación de 108 familias.
La falta de control urbanístico en Cartagena de Indias por la no actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tiene hoy a la ciudad inmersa en un mar de problemas.
A las mafias de la construcción se les comenzó a caer el negocio tras el colapso del Edificio Portal de Blas de Lezo II, tragedia que el pasado 27 abril de 2017, causó la muerte de 21 obreros y dejó a otros 22 heridos.
Tras el colapso y la ilegalidad en la construcción, el gobierno local decidió contratar con la Universidad de Cartagena los estudios patológicos de las 16 edificaciones construidas por la firma de los hermanos Quiroz, señalados como responsables de la tragedia.
Los estudios que tienen un costo cercano a los mil millones de pesos hoy están en tela de juicio, por algunas inconsistencias que ya han sido detectadas por los organismos de control y que son materia de investigación.
El diagnostico preliminar que arrojaron los estudios del Alma Mater, tienen literalmente en la calle a 108 familias propietarias de 283 apartamentos en siete barrios de la ciudad, quienes compraron de buena fe a los hermanos Quiroz, pero que por orden del Alcalde (e) de Cartagena Sergio Londoño Zurek, y ante los resultados preliminares de un “riesgo inminente”, tuvieron que desalojar de manera forzosa a pesar de la incertidumbre de no saber quién responderá por su inversión.
De encontrar hallazgos fiscales será necesario notificar a la Procuraduría y Fiscalía, indico el Contralor Distrital, Fredy Quintero.
