El retorno de la dictadura militar a Myanmar se dio nuevamente el pasado lunes primero de febrero, cuando el ejército asumió el control gubernamental por un año. Según los militares, en protesta por las elecciones legislativas fraudulentas celebradas en noviembre de 2020. El golpe de Estado se configuró cuando facciones militares capturaron al presidente Win Myint y a sus principales ministros, antecediendo la detención de Aung San Suu Kyi, la líder del partido de gobierno Liga Nacional para la Democracia, activista y premio nobel de paz en 1991, hija del héroe de la independencia de Birmania, el general Aung San, asesinado en 1947.
En efecto, tras casi 50 años de regímenes militares opresivos y desde las primeras elecciones libres de 2015, el estamento militar denunció ante la Corte Suprema al partido gobernante, de haberse hecho al dominio de las dos cámaras con el 83% de los 473 escaños, mediante acciones de fraude en unos 10 millones de casos. Del mismo modo, hizo responsable al presidente y, en particular, al jefe de la comisión electoral de no resolver las “enormes irregularidades” producidas en dichos comicios legislativos.
Este país del sudeste asiático, independizado del Reino Unido en 1948, es el mismo Birmania cuya denominación fue cambiada en 1989 por el de Unión de Myanmar, luego del golpe militar de 1988, pese al rechazo de ilegitimidad por parte de la oposición al gobierno militar de entonces. No obstante, este nombre tiene el reconocimiento de la ONU y la Unión Europea, mientras que otros gobiernos lo desconocen e incluso Estados Unidos, oficialmente lo reconoce con el antiguo nombre.
Desde su independencia, este es el tercer golpe de Estado que sufre el país. El primero, fue el derrocamiento y encarcelamiento en 1962 del presidente U Un, instaurándose un régimen militar que perduró hasta agosto de 1988, cuando se presentó una revuelta popular que abogaba por la apertura política. Esta terminó con el segundo golpe y la conformación de una Junta Militar que permaneció en el poder hasta 2011, año en que los militares cedieron parcialmente el poder a los civiles, dando paso a la transición democrática.
Sin embargo, con la Constitución de 2008, los militares se aseguraron el control de los ministerios más importantes: Interior, Defensa y Asuntos Fronterizos. Así mismo, se quedaron con una cuarta parte de los escaños del parlamento, manteniendo una fuerte influencia política en los destinos de la república. De ahí que al perder el control legislativo, más no la influencia y al mejor estilo trumpiano, las acusaciones de fraude justifican el golpe a la democracia, bajo la aureola del estado de emergencia promulgado durante un año. Eso sí, con la promesa de convocar elecciones “libres y justas”, una vez finalice.
En el orden internacional, los pronunciamientos condenatorios no se han hecho esperar. De una parte, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, y el grupo del G7, entre otros, piden la unidad internacional, censuran y conminan a que los militares dejen el poder, respeten los resultados de las elecciones y no impidan la transición democrática alcanzada en Myanmar. Por otra parte, la ONU, además de reprochar y condenar el golpe militar, pidió la liberación incondicional de los detenidos e insistió en una condena unánime de la comunidad internacional. En cambio, China se niega a criticar a las partes y se limita a que “solucionen sus diferendos”, advirtiendo que las sanciones o la presión internacional solo agravan la situación de Myanmar, país al que protege del escrutinio externo y las críticas de la ONU.
Lo cierto es que el país asiático de 54 millones de habitantes, con una superficie que es la mitad de la de Colombia (675.578 km2), se caracteriza por su riqueza, una de las más amplias del mundo, pero su sociedad es compleja y sus dictaduras militares guardan semejanza con las ocurridas en América Latina. Tiene un gran valor geoestratégico, dada su ubicación en una región que limita con Blangadesh, China, Laos, Tailandia, la Bahía de Bengala y el mar de Andamán.
La situación reinante en Myanmar es crítica, ha vivido en permanente conflicto y principalmente por razones étnicas, por lo que sobresale como la guerra civil más prolongada de la historia, con un saldo de cientos de miles de muertos. Para ejemplarizarlo, las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Justicia al gobierno de Myanmar (enero 2020), de velar por la prevención de los genocidios perpetrados contra la minoría étnica musulmán de los Rohingya. De hecho, para Human Rights Watch, las leyes los discriminan y no los reconoce como ciudadanos, ni como uno de los 135 grupos étnicos que tiene el país.
En fin, vendrá la reactivación de las sanciones internacionales supendidas, como ya lo propuso el presidente Biden. También, la zozobra e incertidumbre de su población, sobre lo que les espera de darse continuidad a la dictadura militar instalada.
MG. Luis Suárez
