En Colombia parece que conseguir un diploma puede ser más fácil que explicar por qué una universidad niega haberlo expedido. Pero el problema va mucho más allá de un documento cuestionado: ¿quién lo recibe, quién lo valida y qué puertas del Estado se abren con él?
Los casos de Luz Verónica Estrada, Juliana Andrea Guerrero Jiménez, Cynthia Pérez Amador y Jeymmy Paola Vargas Gómez, tienen historias y situaciones judiciales diferentes, pero coinciden en algo preocupante: controversias sobre credenciales académicas y documentos utilizados en escenarios de poder público.
El caso de Juliana Guerrero llegó a la Fiscalía, con reconocimiento de responsabilidad mediante preacuerdo por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El de Jeymmy Paola Vargas puso bajo escrutinio una certificación académica relacionada con un contrato de $55 millones del IPCC de Cartagena, por el cual hubo imputación. Cynthia Pérez Amador, ex primera dama de Cartagena durante el gobierno de William Dau, también enfrentó cuestionamientos e imputaciones por irregularidades en documentos de formación y experiencia. Ahora, la controversia alcanza al Congreso con Luz Verónica Estrada, después de que la Universidad Nacional informara que no encontró registros de su graduación.
No son casos equivalentes ni todos tienen una responsabilidad judicial establecida. Pero juntos dejan una pregunta inevitable: ¿qué tan rigurosos son los controles para acreditar los títulos, la experiencia y los requisitos de quienes acceden a cargos y contratos públicos?
La transparencia no puede depender del partido, del apellido ni de la cercanía con el gobernante de turno. No puede exigirse con dureza al adversario y relativizarse cuando el cuestionamiento alcanza a los propios.
Cartagena ya ha conocido estas controversias. Colombia vuelve a encontrarse con ellas en el escenario nacional. Y mientras tanto, detrás de cada contratación están los recursos de los contribuyentes, no el patrimonio particular de quienes firman los contratos.
Miles de colombianos se sacrifican durante años para obtener un título legítimo. Por eso resulta inaceptable que las dudas sobre credenciales académicas terminen convertidas en disputas políticas, comunicados defensivos o investigaciones que la ciudadanía tiene que seguir reclamando.
Un diploma no es un adorno para una hoja de vida. Una tarjeta profesional no es un simple requisito de presentación. Una certificación de experiencia no es un papel cualquiera. Son documentos que deben resistir la verificación y respaldar las capacidades de quienes aspiran a servir al Estado.
El verdadero escándalo no está solamente en los diplomas que las universidades desconocen o niegan haber expedido. Está en quienes los presentan, en quienes los utilizan para escalar posiciones, conseguir contratos y acceder a espacios de poder, y en quienes, teniendo la obligación de verificar su autenticidad, miran hacia otro lado.
Cuando un documento cuestionado termina abriendo las puertas del Estado, ya no estamos frente a una simple irregularidad documental: estamos ante una amenaza directa a la transparencia, al mérito y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.



