El alza progresiva y sin control de los insumos agropecuarios y en especial en el sector agrícola, en los últimos años, amenaza la economía de los agricultores. El año 2020, mostró el desagradable rostro de aumentos en el costo de producción de todos los cultivos, por causa de los insumos.
En el costo total de la producción agropecuario, el valor de los insumos agrícolas representa entre el 40% y el 50% de la cosecha. Productos como la Urea y abonos compuestos registraron un alza desmesurada, pasando de $72.000 el bulto, a $99.000 el primero y de $76.000 bulto a $127.200 los otros, lo que significa un alza superior al 30%. Algo similar ha venido ocurriendo con las semillas certificadas para la siembra, bien sea que tengan tecnologías de punta o no, afectando severamente los costos de la cadena productiva y golpeando aún más el escuálido bolsillo del productor campesino. Las protestas de los gremios, de poco han servido para lograr precios justos y competitivos.
Ante éste oscuro escenario, no podíamos permanecer pasivos los congresistas, que hemos venido observando la indiferencia del gobierno para tomar acciones contundentes e impedir que las empresas multinacionales hagan su agosto. A los hombres del campo no se les puede dar la espalda en esta dura coyuntura. Hoy el gobierno solo mantiene un mecanismo de «libertad vigilada», que solo sirve para enfrentar fenómenos especulativos o abuso de posición dominante, simple trámite que no permite un directo control del precio de los insumos, con grave perjuicio para la gente productora del campo.
La urgencia de lograr control a esos abusos me ha llevado a radicar el pasado 17 de marzo para estudio y aprobación del Congreso de Colombia el Proyecto de Ley 548/2021C, de mi autoría, denominado + Agro, el cuál esperamos sea aprobado después de un análisis constructivo, a fin de terminar de forma contundente, con esa pandemia que afecta en general la productividad del sector agropecuario colombiano.
La entrada de nuevos actores en el proceso de producción y distribución de los insumos agropecuarios, es una de las claves y la reducción de la tramitología para nuevos permisos en las entidades encargadas de ello y la lupa constante sobre el proceso, serán también un factor determinante a la hora de garantizar que una mayor competencia mueva el mercado de tal forma que beneficie al productor primario.
No tiene sentido apostarle a que sean los productores los que deban asociarse a fin de agregar demanda y negociar los precios.
En Córdoba, 7 de cada 10 hombres del sector sienten que el precio de los insumos es la piedra en el zapato y, vaya si lastima, opinan ellos.
Cada cultivo requiere sus propios insumos y estos varían de acuerdo a la región, pero todos están sometidos al yugo del oligopolio de unas cuantas empresas, que imponen, sin consideración ni control, los precios de los insumos para las cosechas.
En el sector la demanda siempre está activa, pero el problema está en los limitados oferentes, ese es un mal conocido. ¿Entonces por qué desviar la atención y no concentrar esfuerzos para evitar esa presión?
A fin de lograr nuestro noble objetivo con el proyecto de Ley 548/2021C, se hace necesario la colaboración de los gremios de la producción y productores, a cuyo conocimiento directo, por padecer los males del sector, acudo, en busca de propuestas e información que permitan enriquecer el contenido del proyecto presentado.
Nota: en el sector salud, el control de los precios al consumidor, se convirtió en el mayor acierto del gobierno nacional y del ministerio del ramo. Ese es nuestro firme propósito y aporte, para el sector agropecuario del país.
