El contrato, cuyo valor ascendió a $420’000.000, fue entregado a un hospital que no tenía la capacidad técnica ni operativa para ejecutar el objeto contractual.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Sincelejo (Sucre), Jairo Alfredo Fernández Queseep; al exsecretario de Salud, Remberto Carlos Gómez Martínez; y a la gerente del Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo, Salva Rapag Carmichael, como presuntos responsables del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos investigados están relacionados con la celebración del contrato interadministrativo de prestación de servicios 004 del 19 de marzo del 2015, cuyo objeto era ejecutar actividades de seguridad alimentaria y nutricional; atención integral en enfermedades de la infancia; programas de salud sexual y reproductiva; y salud oral.
El monto fijado ascendió a $420’000.000 y el tiempo de ejecución definido fue de ocho meses. El material de prueba da cuenta de que el entonces alcalde de Sincelejo, al parecer, determinó que el contrato se debía entregar directamente al hospital sin que mediara un proceso de selección objetiva ni la recepción de otras propuestas comerciales. En ese sentido, el centro asistencial fue beneficiado sin entregar una propuesta formal ni la presentación de su portafolio de servicios.
Los términos del contrato establecían, entre múltiples aspectos, que se debían suministrar refrigerios a niños entre seis meses y tres años, y mujeres de comunidades vulnerables, indígenas, afrodescendientes y población desplazada. Además de crear un subprograma de madres lactantes, salud sexual, salud oral y mental.
La Fiscalía estableció que el hospital, supuestamente, no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con lo dispuesto. Es así como realizó cuatro subcontratos para garantizar el abastecimiento de productos médicos y alimentos, el transporte, material de papelería y de publicidad.
Lo subcontratado superó los $572’000.000, un valor muy por encima de los $420’000.000 del contrato original.
Finalmente, el contrato fue liquidado por el entonces secretario de Salud, quien habría certificado el cumplimiento de todo lo pactado sin tener documentos que sustentaran cada una de las actividades presuntamente ejecutadas.
De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, estas actuaciones violaron dolosamente los principios de selección objetiva, planeación, responsabilidad, economía, trasparencia y publicidad. Hay evidencia que se impuso un interés particular sobre las normas vigentes de contratación pública. Por disposición de una juez penal del Circuito de Sincelejo, las audiencias preparatorias de juicio iniciarán en julio.
