El reciente fallo de la Procuraduría General de la Nación que destituyó e inhabilitó por 17 años al teniente Darío Fernando Cabrera Hidalgo por acoso laboral a una subalterna en la Policía del Quindío ha puesto en el centro del debate la cultura institucional dentro de la Policía Nacional.
Si bien la sanción envía un mensaje contundente contra el abuso de poder, también abre una serie de interrogantes sobre cómo se manejan las relaciones laborales dentro de las fuerzas de seguridad y qué tan efectivos son los mecanismos para proteger a los subordinados de conductas abusivas.
El caso de Cabrera Hidalgo, quien fue jefe del Grupo de Servicios Asistenciales de la Policía del Quindío entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, es solo uno de los muchos incidentes de acoso laboral que han salido a la luz en diversas instituciones del país. Sin embargo, lo que lo hace particularmente alarmante es el contexto en el que se desarrolló: una institución que, por su naturaleza, debe ser un ejemplo de disciplina, respeto y cumplimiento de los derechos laborales.
La patrullera afectada fue sometida a cambios arbitrarios de turnos, obligada a trabajar fuera de su horario regular y despojada de sus días de descanso, todo bajo un clima de humillaciones constantes. Estos hechos no solo vulneran la dignidad y derechos de la víctima, sino que también reflejan una cultura jerárquica que, en muchos casos, permite y perpetúa el abuso de poder sin cuestionamiento.
La situación que enfrentó la patrullera en Quindío resalta un problema subyacente en la cultura organizacional de la Policía Nacional: la tolerancia, e incluso la normalización, del abuso de poder. Cuando un superior jerárquico usa su autoridad para castigar o controlar a un subordinado de manera indebida, se está minando la confianza en la institución y perpetuando un ambiente laboral tóxico que afecta no solo a las víctimas directas, sino también al conjunto de la organización.
Los hechos por los que el uniformado fue sancionado habrían ocurrido entre noviembre de 2019 y mayo de 2020.
El hecho de que otros policías se mantuvieran distantes de la patrullera para evitar represalias muestra un ambiente de miedo y complicidad que, en última instancia, socava los principios fundamentales de la ética y la moralidad dentro de la institución. Este tipo de conductas no solo perjudican a los individuos afectados, sino que también erosionan la cohesión y efectividad de la fuerza policial en su conjunto.
El caso de Darío Fernando Cabrera Hidalgo debe servir como un llamado de atención para las autoridades y para la Policía Nacional. Si bien la destitución y la inhabilitación son medidas correctivas necesarias, también es importante que se implementen mecanismos efectivos para prevenir este tipo de comportamientos en el futuro. Esto incluye no solo la creación de canales seguros para que las víctimas denuncien el acoso, sino también la promoción de una cultura institucional que valore el respeto, la dignidad y los derechos laborales de todos sus miembros.
El fallo también debería impulsar una reflexión más amplia sobre cómo se puede reformar la cultura organizacional dentro de las fuerzas de seguridad, para que estas se alineen con los valores de equidad, justicia y respeto mutuo. En un momento en que la confianza en las instituciones es más importante que nunca, la Policía Nacional debe demostrar que está dispuesta a tomar medidas decisivas para garantizar un entorno laboral seguro y justo para todos sus miembros.
La sanción contra el teniente Darío Fernando Cabrera Hidalgo es un paso importante, pero no suficiente. Para evitar que casos similares se repitan, la Policía Nacional debe abordar de manera proactiva los problemas estructurales que permiten el acoso laboral y el abuso de poder. Solo así podrá recuperar la confianza de sus miembros y de la sociedad en general, demostrando que es una institución que protege no solo a la ciudadanía, sino también a quienes forman parte de ella.
