José Jaime Pareja Alemán, exsecretario de Salud de Córdoba, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Superior de Montería, tras revocarse parcialmente un fallo de primera instancia. La sentencia dictada en su contra lo halló responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y concierto para delinquir, tras haber autorizado el desembolso irregular de 1.525 millones de pesos destinados a tratamientos de pacientes con hemofilia y Von Willebrand.
El exfuncionario no solo deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario, sino que también se le impuso una multa por el valor de los recursos desviados y una inhabilidad de 180 meses para ejercer cargos públicos.
La decisión judicial fue tomada luego de que la Fiscalía General de la Nación sustentara en apelación que Pareja Alemán autorizó pagos sin soportes médicos adecuados ni justificación real de los tratamientos que supuestamente habían recibido 14 pacientes.
En enero de 2015, autorizó la administración de medicamentos de alto costo —no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS)— para los pacientes señalados, y en mayo de 2016 emitió un acto administrativo que aprobó el desembolso a favor de una Institución Prestadora de Salud (IPS) encargada de dichos tratamientos. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía reveló que 8 de estos pacientes no habían recibido atención alguna.
Para justificar la transferencia de los fondos provenientes del Sistema General de Participaciones y del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se presentaron exámenes médicos y certificaciones firmadas por especialistas que, según la Fiscalía, jamás participaron en el tratamiento de los supuestos beneficiarios. Se demostró que la documentación empleada era falsa, configurando una grave irregularidad en el manejo de los recursos públicos.
Este caso se suma a otros en el país que involucran el desvío de fondos de salud y programas de asistencia social, lo que resalta la urgencia de implementar medidas más rigurosas de vigilancia y transparencia en la administración pública para evitar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la población sean objeto de corrupción y fraudes.
