Desde el debate que sostuvo el concejal Javier Julio Bejarano en el Concejo de Cartagena respecto a irregularidades relacionadas con Andrés Porras Villamil, se han disparado por un lado las publicaciones en las redes sociales de la Alcaldía de Cartagena haciendo anuncios de nuevos proyectos e infraestructura quizás para tratar de disipar los escándalos de las últimas semanas y, por el otro, las opiniones en muchos portales (en especial aquellos adeptos al alcalde Turbay) acerca de lo discutido en esa cesión del Concejo.
Como casi siempre en Cartagena, se plantea mal la discusión, porque usualmente el cartagenero promedio tiene ese mal hábito de hablar más de lo que escucha. Son ‘opinólogos’ de todo, pero en realidad lo que son es ‘orejeros’ (chismosos). «Radio bemba», como decía Héctor Lavoe en la canción El Periódico de Ayer.
En la sesión del Concejo, a mi entender, se planteaban tres interrogantes: el primero es si existe o no nepotismo de la secretaria Porras; el segundo es si el estímulo económico dado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) a la Federación Colombiana de Surf (Fecolsurf) para una la elaboración de una pieza audiovisual es ilegal; y el tercero es si existe favoritismo del alcalde de Turbay con los Porras.
De lo primero hay que decir que la hipótesis del nepotismo se basa es en los tres contratos (órdenes de prestación de servicios, OPS) que ha suscrito Andrés Porras Villamil como persona natural con la oficina del Despacho del alcalde, ya que este es primo hermano de María Patricia Porras Mendoza, quien es la secretaria General de la Alcaldía de Cartagena. Las OPS fueron firmadas por Yira Morales Castro, quien es la directora de la Oficina Asesora de Talento Humano (DATH) y prima de la cabeza del ‘Clan Morales’, Luis Raimundo Morales Alvear.
Lo que plantea Bejarano al respecto es que, de acuerdo al organigrama de la Alcaldía de Cartagena, la DATH está jerárquicamente bajo el paraguas de la Secretaría General a cargo de María Patricia Porras, lo que haría que la contratación del primo sea irregular, al punto que podría configurarse nepotismo. Esto no solo sería motivo de quejas disciplinarias, sino que también, de acuerdo al cabildante, derivaría en al menos tres conductas punibles (interés indebido en la celebración de contratos, abuso de autoridad por omisión de denuncia y prevaricato acción).
Dice Bejarano que ya presentó las respectivas acciones ante los entes de control, quienes serán los encargados de determinar si existe o no la conducta irregular. Independientemente de lo que decida el Ministerio Público, lo cierto es que hay un componente ético del que muy pocos hablan. Muchos consideramos que no es ético contratar al primo, lo cual es particularmente relevante, dado que, entiendo, María Porras Mendoza fue docente universitaria.
De lo segundo (el estímulo económico del IPCC), Bejarano argumenta que en los requisitos de la convocatoria está claro que Andrés Porras no podía participar, ya que no solo era contratista del Distrito de Cartagena para la fecha, sino que también la Fecolsurf estaba llevando a cabo un convenio firmado con el Instituto Distrital del Deporte y Recreación de Cartagena (IDER) de Campo Elías, Jr. Andrés Porras es el presidente y representante legal de Fecolsurf.
El alcalde Turbay, Andrés Porras Villamil y Lucy Espinosa Díaz (directora del IPCC y quien trabajara en las gobernaciones de Juan Gossaín Rognini y del propio Turbay), como buenos pusilánimes que son, no salieron a dar la cara, sino que pusieron de carne de cañón a Freddy Marimón para casuar indignación en la ciudadanía, lo mismo que hicieron cuando trataron infructuosamente de rotular como ‘misoginia’ los cuestionamientos de Bejarano a Lucy Espinosa. Miserables rastreros.
De lo tercero, la respuesta corta es un rotundo ‘sí, si hay favoritismo de la Alcaldía de Cartagena con los Porras’. Y hay evidencia que así lo prueba:
(a) En solo un poco más de un año, el IDER ha celebrado cinco convenios con la Fecolsur que suman más de $1.727 millones de pesos, tal y como develara el 12Abr2025 en mi columna en ‘Así se mueve la marea: los contratos que favorecen a la Federación Colombiana de Surf bajo Porras Villamil’.
(b) Andrés Porras ha suscrito tres OPS con el Despacho del alcalde que suman más de $108 millones.
(c ) Santiago Trujillo Quintero, quien es el esposo de la hermana de María Patricia Porras (Karina Porras Mendoza, quien es docente en la Universidad Rafael Núñez), ha celebrado tres OPS con el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena por un valor total de $44 millones.
d) Campo Elías Terán y Andrés Porras hicieron parte del equipo de empalme del IDER.
Y les tengo un bonus track: hay un antecedente no muy lejano entre Andrés Porras y el alcalde Turbay. Porras tenía el 10% de Promotora Real Cartagena SAS, empresa que manejaba ilegalmente el equipo de fútbol Real Cartagena, y por lo que ese club fuera sancionado en 2020 por el Ministerio del Deporte. El entonces gobernador Turbay estaba bien enterado de esto. ¿Se necesitan más pruebas para mostrar el yo-con-yo y el favoritismo con los Porras?
Ñapa | Una fuente me pide el favor que le plantee dos preguntas a Andrés Porras:
(1) Si es cierto (o no) que la gran mayoría de los clubes de surf en Colombia posiblemente son falsos o no están vigentes. De acuerdo a la fuente, la relevancia de hacer esa pregunta radica en que sin la existencia o vigencia de los clubes no pueden existir las ligas departamentales. Y sin ligas departamentales no puede existir la Fecolsurf.
(2) De lo anterior se deriva un segundo interrogante, que sería a la vez otro dilema como el anterior: Dado que a la Fecolsurf se le han entregado miles de millones de dinero público (local y nacional) y en vista del interrogante anterior, ¿Quién ha verificado la vigencia y legalidad de los clubes que conforman las ligas que son la razón de ser de la Fecolsurf?
