El que fue uno de los rostros más visibles del ambientalismo institucional en Cartagena de Indias ahora enfrenta un serio revés disciplinario. La Personería Distrital ha formulado pliego de cargos contra Javier Alejandro Mouthon Bello, exdirector del Establecimiento Público Ambiental (EPA), por presuntas irregularidades en la gestión de contratos durante su administración entre 2020 y 2022.
Según el ente de control, Mouthon habría violado principios esenciales de la contratación estatal, especialmente los de publicidad y responsabilidad, al no garantizar la oportuna publicación de documentos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), como lo exige la ley.
La falta, que podría ser calificada como gravísima, pone en tela de juicio la transparencia de los procesos en una entidad clave para la sostenibilidad ambiental de la ciudad, y cuya gestión ha estado rodeada de controversias en los últimos años.
El expediente, que ahora pasa a etapa de juzgamiento, pone bajo la lupa no solo a Mouthon, sino también a las prácticas internas del EPA durante su administración. Aunque el exfuncionario podrá ejercer su derecho a la defensa, la formulación de cargos por parte de la Personería marca un precedente en el escrutinio sobre la ejecución de recursos públicos destinados a temas ambientales.
Desde sectores ciudadanos y ambientales ya se exige una revisión a fondo de los contratos suscritos durante el período en cuestión, muchos de los cuales estaban enfocados en consultorías, estudios técnicos y obras de mitigación ambiental que, según críticos, nunca mostraron resultados tangibles en el territorio.
«Si se confirma que hubo omisiones deliberadas en la publicación de información contractual, estaríamos ante un caso grave de opacidad institucional», señaló una fuente cercana al ente de control.
No se descarta que, con este antecedente, la Procuraduría General de la Nación pueda abrir un proceso paralelo, especialmente si se detectan daños al patrimonio público o posibles irregularidades de carácter penal.
El caso Mouthon sacude no solo al EPA, sino al discurso oficialista que durante años se ha apoyado en la bandera de la protección ambiental. ¿Qué pasa cuando el guardián del medioambiente termina siendo investigado por falta de transparencia? Esa es la pregunta que hoy retumba en las oficinas del centro histórico y en los movimientos ciudadanos.
