Como si el panorama macroeconómico no fuera suficientemente malo, Colombia se acerca peligrosamente a una estanflación: una economía que casi no crece mientras la inflación se mantiene alta, deteriorando el poder adquisitivo de sus habitantes. La salida no es más impuestos, sino más inversión para fomentar el crecimiento.
Según el DANE, entre julio y septiembre de 2026 la economía creció apenas un 0,5 % frente al mismo periodo de 2025, el ritmo más bajo de los últimos dos años. Fue una sorpresa, pues los analistas esperaban un crecimiento de entre el 1 % y el 2 %. Frente a abril-junio, la producción cayó un 0,8 %.
Se habla de recesión cuando la economía cae durante dos trimestres seguidos. Entre abril y junio creció un 1,3 % frente al trimestre anterior; entre julio y septiembre cayó. Si octubre-diciembre también retrocede, se cumpliría esa definición. El Banco de Bogotá considera que el país ya entró en una fase de estanflación y proyecta un crecimiento de apenas el 1,5 % en 2027.
La inflación no da tregua. Llegó al 6,30 % en octubre, más del doble de la meta del 3 %, y el equipo técnico del Banrepública espera que cierre 2026 en el 7,1 %. Con la inflación por encima del 6 %, la Junta del Banco se vio obligada a mantener en octubre la tasa de interés en el 12,25 %. El crédito para comprar vivienda, montar un negocio o ampliar una empresa sigue carísimo y frena la capacidad productiva del país.
Algo de culpa tiene el terremoto del 10 de agosto. Según el Banrepública, restó hasta 0,8 puntos al crecimiento del trimestre. Pero, aun sin él, la economía habría crecido, a lo sumo, un 1,3 %. Muy poco.
El problema es más profundo. Primero, la inversión. Lo que las empresas y el Estado gastan en maquinaria, obras y vivienda pasó de crecer un 7,1 % anual entre abril y junio a un 2,1 % entre julio y septiembre. La industria cayó un 1,2 % y el agro, un 6,7 %. Sin inversión no hay crecimiento, ni empleo, ni recaudo. Hace 10 años, la inversión representó el 24,2 % de la economía colombiana; hoy apenas representa el 15,7 % del PIB.
Segundo, el consumo de los hogares se enfría. Creció un 1,7 %, frente al 2,8 % del trimestre anterior. Con precios altos y crédito caro, se compra con cautela: el comercio apenas creció un 0,7 %.
Tercero, el gasto público empuja mucho menos. Después de crecer un 13,4 % en el primer semestre, subió apenas un 4,2 % anual entre julio y septiembre y cayó un 2,6 % frente a abril-junio. El ajuste es indispensable. Lo grave es que nadie está llenando ese espacio, porque la inversión también se frenó.
Me atrevo a sugerir que hay otros factores extraeconómicos que están frenando la inversión: la actitud pendenciera del Gobierno, que aumenta la polarización; su baja capacidad de diálogo con el Congreso; la inestabilidad de los altos funcionarios y la dificultad que tienen para ejecutar; la percepción de que De la Espriella no entiende nada de economía y toma decisiones en función de su efecto en las encuestas, y la inseguridad rampante, a pesar de los espectáculos presidenciales.
En cualquier caso, la clave del futuro es el crecimiento que, además, también es una herramienta fiscal: a mayor crecimiento, más ingresos y más recaudo. Paralelamente, el crecimiento suaviza las cuentas fiscales al actuar como denominador en los indicadores macroeconómicos. Con una economía estancada, ningún ajuste alcanza y, en un par de años, habrá otra reforma tributaria.
¿Qué hacer? Si la inversión se frenó, hay que darle al sector privado razones para invertir. El proyecto del Gobierno acertaba al bajar la renta de las empresas del 35 % al 31 % en dos años. Pero, en su nueva presentación ante las comisiones económicas del Congreso, Minhacienda echó para atrás esa rebaja y dice que mantendrá la tasa en el 35 %, 11 puntos por encima del promedio de la OCDE. Estamos perdiendo una oportunidad de competitividad.
El Gobierno ofrecerá tarifas reducidas y estabilidad jurídica solo a los grandes proyectos nuevos, de más de $135.000 millones. La reducción de tarifas va en la dirección correcta, pero, tal como la plantea el Gobierno, la discriminación a favor de los grandes y de la inversión extranjera es evidente. Colombia no es competitiva ni en impuestos ni en riesgo, y esas reglas deben valer para todas las empresas, no solo para unas pocas muy grandes.
Hay que bajar el costo de contratar formalmente, no subirlo. El Gobierno propone que las empresas vuelvan a pagar aportes al SENA, al ICBF y a salud por los trabajadores que ganan entre dos y diez salarios mínimos. Ese piso es muy bajito y frenaría la contratación justo cuando la economía se detiene. Además, al trabajador que gana entre dos y cuatro salarios mínimos le subiría la cotización a salud del 4 % al 5,5 %. Y el Gobierno debe fijar un salario mínimo responsable para 2027. Otro aumento como el de 2026, muy por encima de la productividad, sería letal para las microempresas.
Antes que subir impuestos y aportes, como quiere el Gobierno, hay que recortar el funcionamiento del Estado, no la inversión, y vender lo que sobra para prepagar deuda. Menos deuda reduce el riesgo país y lo que la nación paga por endeudarse, que a diez años superaba el 13 % en octubre de 2026. Esa tasa es una referencia clave para el crédito de largo plazo de hogares y empresas.
Colombia necesita un Estado más pequeño, menos costos para contratar formalmente y reglas estables que atraigan la inversión. Solo así volverá a crecer. Y solo un país que crece puede proteger a los más vulnerables y ampliar su clase media. Por cierto, debemos ser ambiciosos. La meta a mediano plazo debe ser crecer a más del 5 % anual.



