La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos expresó este domingo su «profunda preocupación» por la muerte de siete menores de edad durante una operación militar en el selvático departamento del Guaviare, una región históricamente marcada por la presencia de disidencias de las FARC, cultivos ilícitos y corredores usados por grupos armados para el tráfico de armas y drogas.
El organismo internacional señaló que este tipo de hechos refleja la persistente vulnerabilidad de los niños y adolescentes reclutados por estructuras criminales, a las que atribuyó directamente la responsabilidad de utilizar a la niñez «como escudo humano», una práctica que viola de manera grave el Derecho Internacional Humanitario y que, según la ONU, sigue poniendo en riesgo a comunidades completas en zonas donde el Estado enfrenta dificultades para ejercer control efectivo.
La Oficina de Derechos Humanos instó a las Fuerzas Militares a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que niños reclutados por grupos armados ilegales sigan siendo víctimas en medio de operaciones de alto impacto.
La ONU subrayó que la inteligencia militar debe incluir protocolos estrictos de protección infantil, mientras que el Estado debe reforzar acciones para prevenir el reclutamiento y uso de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales.
En su mensaje, la Oficina reiteró que la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente desde el año 2000, prohíbe de manera explícita que los grupos armados ilegales recluten menores de edad y recalcó que estos actores son responsables de exponerlos a riesgo extremo, utilizarlos como combatientes y, en muchos casos, como escudos humanos.
La Defensoría del Pueblo y Medicina Legal confirmaron el sábado la muerte de los siete menores, entre un total de 20 cuerpos recuperados en la zona del bombardeo militar.
El alto número de víctimas infantiles intensificó las críticas de sectores de oposición a la administración del presidente Gustavo Petro, quien ordenó los recientes bombardeos en Guaviare y Arauca contra las disidencias comandadas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, considerado el hombre más buscado del país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que los menores fallecidos “cumplían funciones de combate” dentro de la estructura criminal y cuestionó la ausencia de condenas contra los grupos que reclutan a niños. “Aquí deberíamos estar rechazando a los criminales. ¿Por qué no escucho una voz rechazando a quienes reclutan a los menores? A ellos son a los que tenemos que rechazar”, sostuvo.
El debate continúa escalando en la opinión pública mientras organismos internacionales y defensores de derechos humanos piden una revisión urgente de los protocolos militares en zonas donde operan grupos que utilizan menores como combatientes.
