La Ley de Garantías Electorales comenzó a regir este sábado 8 de noviembre de 2025. Su propósito es evitar el uso indebido de los recursos del Estado y asegurar transparencia en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2026.
Desde este sábado 8 de noviembre de 2025, entró en vigencia en Colombia la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, que busca impedir que los funcionarios públicos utilicen los recursos, la contratación o la influencia del Estado para favorecer a candidatos o partidos políticos.
La medida, de carácter preventivo, se activa meses antes del llamado oficial a elecciones, y restringe la contratación directa, el ingreso de nuevo personal y ciertas decisiones administrativas en todas las entidades del Estado colombiano y sus administraciones regionales.
Con el inicio de la vigencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Departamento Administrativo de la Función Pública emitieron una circular dirigida a:
- Ministros y directores de departamentos administrativos,
- Superintendentes, gerentes y directores de entidades descentralizadas,
- Gobernadores y alcaldes,
- Funcionarios públicos de todos los niveles territoriales.
El documento busca orientar el cumplimiento estricto de la normativa, advirtiendo sobre las limitaciones en materia de contratación y vinculación laboral durante el periodo electoral.
Entre las principales medidas, se encuentra la suspensión de cualquier forma de vinculación o modificación de nómina en la Rama Ejecutiva durante los cuatro meses previos a la elección presidencial, es decir, desde el 31 de enero de 2026 hasta la primera vuelta electoral (y hasta la segunda vuelta, si aplica).
Durante ese lapso:
- No se podrán proveer vacantes definitivas en la nómina estatal.
- Se permiten excepciones solo si las vacantes surgen por renuncia, licencia o fallecimiento y son indispensables para el funcionamiento administrativo.
- En esos casos, los nombramientos provisionales serán la única vía autorizada.
El documento oficial, firmado por Angie Lizeth Rodríguez, directora del Dapre, y Mariella Barragán, directora de Función Pública, también aclara puntos específicos sobre:
- Empleos de libre nombramiento y remoción,
- Retiros forzosos y traslados de personal,
- Nombramientos derivados de pensión o reemplazo de titulares.
Estas medidas apuntan a mantener la equidad en la contienda electoral y evitar que los recursos públicos se utilicen con fines proselitistas.
La Ley de Garantías Electorales tiene como propósito fundamental garantizar la transparencia, la igualdad y la imparcialidad entre los aspirantes a la Presidencia de la República, evitando ventajas indebidas para quienes ejercen cargos públicos.
Con esta normativa, Colombia busca reforzar la confianza ciudadana en los procesos electorales y asegurar que las decisiones administrativas del Estado no interfieran en la voluntad popular.
