La primera audiencia de Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Estados Unidos dejó imágenes inéditas, mensajes políticos confrontados con la autoridad judicial y un fuerte simbolismo histórico. Así lo relató el abogado venezolano Nisar El Fakih, testigo directo del proceso, durante una entrevista concedida a 10AM de Caracol Radio, tras presenciar la diligencia en la corte.
Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, enfrenta graves cargos federales relacionados con narcotráfico y crimen organizado, en un proceso que marca un hecho sin precedentes para un jefe de Estado en ejercicio de la región.
Uno de los momentos más impactantes fue el ingreso de Maduro y Flores a la sala de audiencias vestidos con uniforme de presos, portando una braga azul sobre el característico traje naranja del centro de detención. Para El Fakih, abogado que ha defendido a numerosos presos políticos del chavismo, la escena representó “la revancha de la historia”: quienes durante años ordenaron encarcelamientos masivos en Venezuela, ahora enfrentaban a la justicia desde el banquillo de los acusados.
La imagen recorrió rápidamente círculos diplomáticos, judiciales y mediáticos, consolidándose como uno de los símbolos más potentes del caso.
Según el relato del abogado, Maduro ingresó inicialmente con una actitud confiada. Saludó en inglés con un “Happy New Year” y estrechó manos de abogados y custodios. Sin embargo, ese tono cambió abruptamente al iniciar la audiencia formal.
El momento de quiebre se produjo cuando el juez federal —un magistrado de 92 años, con décadas de experiencia— le solicitó que se identificara para el registro. Maduro se negó y respondió con una declaración política: “Soy el presidente legítimo de Venezuela, soy un prisionero de guerra”.
El juez lo interrumpió de inmediato y le ordenó sentarse, dejando claro que en esa sala la autoridad era la corte, no el poder político que Maduro invocaba. El mensaje fue directo y contundente.
Durante la audiencia se confirmaron cuatro cargos contra Nicolás Maduro y tres contra Cilia Flores. Aunque existía la posibilidad de que la Fiscalía leyera la acusación completa, ambos renunciaron a esa instancia al confirmar que conocían los cargos y contaban con abogados privados de su elección.
En esta etapa inicial no se profundizó en la narrativa del llamado Cartel de los Soles, un punto que ha generado amplio debate público. Sin embargo, El Fakih explicó que es habitual que los fiscales ajusten y fortalezcan la descripción de los delitos a medida que el proceso avanza.
Uno de los elementos clave del caso es su larga gestación. La investigación contra la cúpula del poder venezolano no responde a una coyuntura política reciente, sino que se extiende por más de 11 años, con registros que atraviesan administraciones estadounidenses demócratas y republicanas, desde Barack Obama, pasando por Donald Trump, hasta Joe Biden.
La primera acusación formal contra Maduro fue presentada en 2020, y posteriormente ampliada mediante un superseding indictment, sustentado en años de recopilación de pruebas por fiscales federales.
El proceso podría contar con testigos de alto perfil, entre ellos Hugo “el Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá, ambos ex altos funcionarios del chavismo. Carvajal ya se declaró culpable y su sentencia ha sido aplazada, lo que, según analistas, sugiere un escenario de cooperación con la justicia estadounidense.
Para El Fakih, la solidez del caso dependerá de cómo la Fiscalía presente este amplio arsenal probatorio ante un jurado independiente, compuesto por ciudadanos que no necesariamente conocen la figura política de Maduro ni la historia reciente de Venezuela.
Mientras Maduro enfrenta a la justicia internacional, la situación interna de Venezuela sigue siendo crítica. Según cifras citadas por el abogado, más de 17.000 personas han sido detenidas por razones políticas desde 2014, un dato que, en su criterio, evidencia que el poder en el país se ha sostenido más por la represión que por el respaldo popular.
La audiencia no solo abrió un proceso judicial, sino que marcó un hito político y simbólico con repercusiones regionales e internacionales. Por primera vez, el relato de poder del chavismo se enfrenta cara a cara con un sistema judicial que no reconoce títulos, discursos ni consignas, sino pruebas y responsabilidades penales.
