Me toca postergar indefinidamente la columna acerca del conjunto residencial Bahía San Carlos. En las últimas dos columnas develé un entramado de empresas, personas, funcionarios y mandatarios locales de la costa Caribe (leer columnas 1 y 2). Algo me decía que la historia no había acabado ahí y no me equivoqué.
Hay historias que uno no busca: lo persiguen. Cuando parecen cerrarse, se ramifican; cuando aparentan agotarse, se multiplican. Por eso esta columna no podía terminar donde muchos esperaban. Lo que en un principio parecía un caso puntual terminó revelando un entramado mucho más profundo, antiguo y organizado, donde nombres, empresas, contratos y cargos públicos se cruzan como piezas de un mismo rompecabezas del poder en la Costa Caribe.
Investigar es algo que me apasiona. Y nada mejor que ponerlo al servicio de la ciudadanía. Me resulta fascinante tratar de ver hasta dónde están dispuestos a llegar algunas personas por dinero o poder. Entender ese impulso que los llevaría a estar envueltos en una trama llena de atajos, mentiras e incluso posibles dobles vidas para tratar de mimetizarse en la sociedad como ciudadanos probos, buenos samaritanos y empresarios exitosos.
En los últimos dos años he identificado al menos cuatro clanes en la contratación de Cartagena y el departamento de Bolívar: ‘Clan Morales’, ‘Clan Sedán’, ‘Clan Barranqueño’ y ‘Clan de los Sisbenizados’. Mis pesquisas sugieren la existencia de otro clan que vendría operando desde hace más de una década.
Aparte de los ya mencionados Dumek Turbay Paz, Yamil Arana Padauí, Vicente Blel Scaff y Eduardo Verano De la Rosa, esta estructura vincularía directa o indirectamente a Diego Álvarez Hernández, Enrique Posada Guitérrrez, Reynaldo Yalí Díaz, Elson Vimos Monterrosa y Gilberto Álvarez Mulford con otras personas naturales y jurídicas y entes territoriales; varias de ellas envueltas en escándalos de diversa índole.
Al revisar diferentes contratos, todo indicaría que uno de los ejes centrales sería el abogado magangueleño Enrique Posada Gutiérrez, socio mayoritario de la empresa Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS (de acuerdo a un acta del 2022).
En 2014, durante la era del sancionado Dionisio Vélez Trujillo (2013-2015), la Alcaldía de Cartagena contrató al Consorcio Mejoramiento Educativo para el diseño, construcción, reposición y adecuación de las instituciones educativas de Cartagena por un valor total de cerca de los $16 mil millones. El consorcio lo conformaron Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS, Reynaldo Yalí Díaz (RYD) Construcciones SAS, Leonardo Jalil David Ordosgoitia y SRG Civil Eléctrico Telecomunicaciones e Inversiones SAS.
Como mencionara en mi anterior columna, Leonardo David Ordosgoitia estuvo preso entre 2017 y 2018. Por su parte, SRG Civil Eléctrico Telecomunicaciones e Inversiones SAS es una firma barranquillera, cuyo representante legal es Sigifredo Raad García, un viejo contratista atlanticense, quien, según lo reportado por medios locales, ha estado en medio de ruidos de anomalías y demoras en contratos. Sigifredo es además dueño de la empresa SRG Panamá SA.
Hay dos contratos del 2013 y 2014 que conectan a los sancionados exgobernador Juan Gossaín Rognini y exalcalde Dionisio Vélez con Posada Gutiérrez y la empresa Felipe Angulo Guzmán (FAG) Ingeniería SAS (actualmente Anso Ingeniería SAS), y a esta última con Leonardo David Ordosgoitia. Presten atención.
En 2013, la Alcaldía de Cartagena le otorgó un contrato al Consorcio Pavimentar 2013, por un costo final de casi $3.000 mil millones, para la construcción de pavimentos rígidos en la calle principal del barrio Villa Fanny y de la avenida La Asamblea en el barrio Manga. El consorcio estaba integrado por Vimos Construcciones SAS (de Elson Vimos Monterrosa), Leonardo Jalil David Ordosgoitia y FAG Ingeniería SAS.
Al año siguiente, 2014, la Gobernación de Bolívar contrató al Consorcio Ingepro, compuesto por FAG Ingeniería SAS e Ingeniería de Proyectos SAS (de Barranquilla). Pero hay algo que llama la atención, en lo que parece una especie de enroque, los representantes legales del consorcio fueron Enrique Carlos y Martha Lucía Posada Gutiérrez, quienes no aparecen en ninguna documentación de FAG Ingeniería SAS. ¿Será que el dueño real del contrato era Enrique Posada?
En el anterior contrato hay que anotar también que la sociedad Ingeniería de Proyectos SAS es una vieja conocida de Enrique Posada, dado que, en el 2013, junto con RYD Construcciones SAS, participaron en el Consorcio Aguachica Interventores, en un contrato de la Gobernación del Cesar.
Asimismo, en el 2017, durante la gobernación de Dumek Turbay, Ingeniería de Proyectos SAS y Antlia-AC SAS fueron integrantes del Consorcio Interaeródromos para la interventoría de la construcción de los aeropuertos de los municipios de Mompox y El Carmen de Bolívar (licitación CMA-SI-015-2017), que fuera asignada al Consorcio Aeropuerto Regional (licitación LIC-SI-014-2017), el cual estaba formado por Vimos Construcciones SAS, GAM Construcciones SAS y RYD Construcciones SAS; todas con nexos comerciales con Enrique Posada. Y para cerrar el círculo de empresas amigas, el Consorcio Aeropuerto Regional, a su vez, subcontrató a Construcsion SAS de Diego Álvarez Hernández.
Pero los vínculos de este entramado no acaban aquí. En mi próxima columna develaré los contratos que vinculan a Enrique Posada con las compañías Anso Ingeniería SAS (antes FAG Ingeniería SAS), ING Ingeniería SAS, DIN Ingeniería SAS y Garxa & CIA S en C.
También, entre otros, saldrán a relucir otros personajes relevantes como Elson Vimos Monterrosa, Erika Falquez Pérez, Laura Carolina Gómez Díaz, María Claudia Posso Falquez, Ángel Alberto Rincón Linaje (conocido como ‘El Pocholo’) y su pareja María Angélica Posso Ardila, X, Carlos Alberto Bello Avena, Rafael Antonio Abondano Capella, Martha Abondano Capella, Gabriel Enrique García Sotelo, Gina Paola Beltrán Pérez, Heraldo José Gutiérrez Villegas, Shabelys Bravo Jiménez y Mercy Luz Pérez García.
Ñapas
- Entre la documentación que encontré durante mi investigación, me tropecé con un laudo arbitral del 2018 entre el Distrito de Cartagena de Indias y GAM Construcciones SAS (de Gilberto Álvarez Mulford), empresa conocida de Diego Álvarez Hernández (Construcsion SAS), Reynaldo Yalí Díaz (RYD Construcciones SAS), Elson Vimos Monterrosa (Vimos Construcciones SAS) y de Enrique Posada Gutiérrez (Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS).
¿Adivinen quiénes fueron los árbitros del laudo? Nada más y nada menos que Wilson Toncel Gaviria (padre de Wilson y Johan Toncel Ochoa, respectivamente concejal de Cartagena y exsecretario de la Gobernación de Bolívar durante la era Turbay Paz), María Patricia Porras Mendoza (actual secretaria General de la Alcaldía De Cartagena) y Nicolás Pareja Bermúdez (director del periódico El Universal)
- La diputada por el departamento de Bolívar, Karen Cure Corcione, afirmó hace unos días que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, la llamó ‘hijueputa’. Incluso fue más allá al decir que el alcalde habría aparentemente comprado «a fiscales para que le borren su historial corrupto y ratero». El alcalde no se ha pronunciado hasta la fecha.
Esas declaraciones no son de extrañar. Desde el púlpito de la Asamblea Departamental, Cure hizo público lo que pocos se atreven a decir, como es el caso de William Dau, quien lo ha venido denunciando desde hace una década. Y desde esta tribuna, hemos también venido denunciando con pruebas contundentes no solo a través de las columnas, sino también formalmente ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Los del interior del país quizás no lo sabrán, pero los cartageneros sí sabemos del talante de alcalde Turbay desde hace muchos años cuando era estudiante de la Universidad de Cartagena.
¿O es que acaso creen que es fortuito que alrededor del alcalde Turbay estén los Rodolfo Díaz Wright, los Juan Diego Perdomo, los Jheivan Pinzón, los Bruno Hernández, los ‘Yayito’ Bustillo, los Alfonso Nieves y las Fany Pachón? ¿O también creerán que fue mera casualidad que Dayro ‘El Yayo’ Bustillo Gómez (padre del ‘Yayito’ Bustillo Alvarado) haya agredido en plena vía pública al exalcalde William Dau (ver video aquí)? ¿O qué decir del otro video de ‘Yayo’ Bustillo, descamisado, mostrando su sobrepeso y golpeando torpe y ridículamente una bolsa de boxeo luego del incidente con William Dau?
Esta columna no pretende dictar sentencias; eso le corresponde a la justicia. Pero sí busca alertar y dejar constancia. Porque cuando la información se documenta y se publica, el silencio deja de ser una opción.
La historia continúa. Y lo que viene —con más contratos, más empresas y más protagonistas— promete demostrar que en Cartagena y el departamento de Bolívar nada ocurre por azar. Aquí, como siempre, los nombres cambian, pero el libreto parece ser el mismo.
